El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional un inciso de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Andalucía para 2002 que exime de colegiación obligatoria al personal de las administraciones públicas regionales, al entender que invade competencias estatales y afecta a la igualdad entre los españoles.
El Consejo de Ministros acordó ayer, a propuesta del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, solicitar al presidente del Gobierno que presente recurso de inconstitucionalidad contra un inciso del artículo 30.2 de la citada ley andaluza. La norma señala que el requisito de la colegiación no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones 'ni para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquella', aunque si se precisará para el ejercicio privado de su profesión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de marzo de 2002