El empleo normalizado es factor "clave" para la inserción social de los discapacitados, según la Declaración de Madrid, fruto del I Congreso Europeo de Personas sobre las Personas con Discapacidad, que ayer se clausuró en la capital española tras reunir desde el pasado miércoles a 400 participantes. En Europa hay 37 millones de discapacitados (un 14,5% de la población), y en España 3,5 millones (9%).
Discriminaciones laborales y barreras urbanísticas siguen dificultando la vida de los discapacitados, así como la lenta transposición de las directivas de la UE a las leyes nacionales. El congreso fue organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación Luis Vives y la ONCE, y apoyado por el Foro Europeo de la Discapacidad.
La Declaración de Madrid es un programa, elaborado por los propios discapacitados como "marco conceptual de acción" para 2003, Año Europeo de las Personas Discapacitadas. Pide una "legislación antidiscriminatoria" contra las barreras laborales y educativas (el 75% de los discapacitados europeos no alcanza la educación no obligatoria y el 10% no llega a la Universidad, según la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamandópulu). El documento plantea promover el acceso al empleo "preferentemente en el mercado laboral ordinario", para luchar contra la exclusión, y reclama apoyo a las familias y atención especial a las mujeres discapacitadas.
En Europa sólo trabaja el 46% de las personas con discapacidad moderada y el 24% con discapacidad severa. En España, aunque los Centros Especiales de Empleo (para personas con especial dificultad) han creado 31.000 puestos en cuatro años, la cifra anual de contratados en empresas es 10.000. Y según el Comité Español de Representantes de Minusválidos (que une a las principales organizaciones) no se cumple la ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), de 1982, que exige reservar a discapacitados el 3% de puestos en administraciones públicas y el 2% en empresas de más de 50 trabajadores.
Lenta transposición
Escollo grave es la lentitud al transponer a la ley nacional las directivas de la UE que afectan a los discapacitados. España está en dificultades para cumplir el plazo de transposición (noviembre de 2003) de la directiva de Igualdad de Trato en el Trabajo, porque dependería de Justicia promover una ley que, para adaptarse a la directiva comunitaria, obligue al empresario a demostrar que no se discrimina al empleado. Otra directiva aún en el alero de la transposición es la conocida como De autobuses accesibles, con el mismo plazo. Ahí cabe una cierta esperanza, porque al Ministerio de Ciencia y Tecnología le bastaría con un decreto. Pero, según la directiva, no serían legales ni siquiera los autobuses de piso bajo que circulan en algunas ciudades españolas: se necesitarían vehículos con rampa para elevar o bajar al pasajero discapacitado.
La Declaración sugiere a los medios de comunicación incluir informaciones sobre discapacitados "como reconocimiento de la diversidad humana", evitando la "condescendencia" y denunciando las barreras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de marzo de 2002