El traslado de Madrid a Barcelona de la sede social de Terra, fruto de un compromiso entre el Gobierno de Jordi Pujol y el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, ratificado por su sucesor, César Alierta, ha derivado en un enfrentamiento fiscal entre las comunidades de Cataluña y Madrid.
Cataluña cobró de la filial de Internet de Telefónica 33,22 millones de euros (5.527 millones de pesetas) en impuestos derivados de la ampliación de capital realizada por esta empresa para acometer su fusión con Lycos. Madrid reclama ahora al Gobierno catalán que le devuelva esta cantidad aferrándose a la regulación sobre Operaciones Societarias. De acuerdo con ella, sede social y sede fiscal no coinciden en el caso de Terra porque 'la dirección del negocio y centralización de la gestión' se concentran en la capital española, explica el viceconsejero de Hacienda del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio. Terra elude pronunciarse sobre el enfrentamiento entre ambas administraciones.
El conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, llegó ayer a acusar al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón de 'discutirle el pan' a la Generalitat, que estos últimos años contempla impotente la tendencia de las empresas a desplazar a Madrid sus centros de decisión. Mas, arropado en esta batalla por el PP catalán, los independentistas de ERC y la izquierda (PSC e IC), añadió que consideraría 'un escándalo' que Hacienda obligara a la Generalitat a devolver la cantidad que le pagó Terra en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados, cedido a esta comunidad. Tal decisión sería recurrida por la Generalitat.
La decisión deberá tomarla una junta arbitral, figura prevista por la LOFCA, aún no convocada, pero que, según fuentes de ambos Gobiernos autonómicos, se espera que se reúna en la sede del Ministerio de Hacienda después de Semana Santa. La junta la forman cinco representantes de la Agencia Tributaria y cuatro por cada comunidad implicada.
La reclamación de Madrid, planteada en abril de 2001 ante el Ejecutivo catalán y en junio siguiente ante la junta arbitral, trascendió el pasado domingo por boca del consejero de Economía catalán, Francesc Homs, en una entrevista a Efe. Ossorio admitió que hubiera preferido que Homs hubiera 'respetado el trabajo de la junta arbitral'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de marzo de 2002