Más de 11.000 páginas de documentos oficiales que han dejado de ser secretos confirman que la política energética del Gobierno de EE UU se fraguó en reuniones con representantes de grandes compañías del sector. Todas las empresas, incluida Enron, tienen algo en común: son generosos contribuyentes del Partido Republicano. El Departamento de Energía facilitó los documentos horas antes de que venciera un ultimátum judicial.
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Los documentos del Departamento de Energía, analizados por The Washington Post, permiten reconstruir el proceso de contactos en el que se basó el diseño de la política energética de Bush. El secretario de Energía, Spencer Abraham, se reunió con 36 personas que representaban los intereses de las industrias energéticas. Casi todas las empresas están en la lista de los mejores contribuyentes del Partido Republicano durante las elecciones presidenciales del año 2000. Algunas de ellas también dieron dinero a los demócratas pero en cantidades mucho menores.
Abraham se reunió con delegados de Enron al menos en una ocasión, aunque su equipo más cercano mantuvo hasta seis encuentros de trabajo con representantes de esa compañía, ahora en bancarrota. El Departamento de Energía asegura que las reuniones no versaron sobre política energética, sino sobre la crisis de producción en California; también insisten en que Abraham declinó reunirse personalmente con los máximos responsables de Enron, Kenneth Lay y Jeffrey Skilling.
En realidad, la difusión de los documentos secretos no está relacionada originalmente con el caso Enron; la orden judicial pertenece a una investigación federal que atiende una demanda promovida por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales.
De los informes se deduce también que la Administración de Bush nunca se ha preocupado por escuchar a los grupos de defensa del medio ambiente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de marzo de 2002