El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a devolver unos 27 millones de euros (4.500 millones de pesetas) a 6.000 ciudadanos y empresas por aplicar ilegalmente una norma urbanística que había sido declarada nula por el Tribunal Supremo.
Se trata de cantidades cobradas entre 1982 y 1990, tanto a empresas constructoras como a ciudadanos particulares que requirieron licencia de obras para cualquier reforma en su domicilio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de marzo de 2002