Las cosas no le salen bien al canciller alemán Gerhard Schröder a seis meses vista de unas elecciones generales decisivas. Por si fueran poco sus confrontaciones con los sindicatos, las discrepancias con sus socios gubernamentales, los verdes, o el hundimiento de la megaconstructora Philipp Holzmann, por la que tanto apostó hace dos años, la recientemente aprobada ley de inmigración amenaza con convertirse en un bumerán. El Gobierno socialdemócrata pasó la ley por un voto la semana pasada en el Bundesrat, la Cámara alta, pero ese voto, el de Brandeburgo, fue contradictorio; en el Estado gobierna una gran coalición de socialdemócratas y democristianos, y mientras el primer ministro, del SPD, se pronunciaba a favor, su segundo, del CDU, lo hacía en contra.
Alemania no tiene ley de inmigración. En el texto aprobado, negociado durante meses y última gran pieza legislativa antes de los comicios, se acepta por vez primera el hecho inmigratorio como fenómeno positivo, en vez de amenaza a la cultura y el empleo. La ley, generosa en el asilo, pretende facilitar a decenas de miles de extranjeros cualificados su asentamiento en un país que comienza a sufrir serias carencias de determinados especialistas. Empresarios e iglesias la ven como solución a insostenibles situaciones humanitarias.
Pero prácticamente no hay precedentes de un voto estatal escindido y son muchos los expertos que no consideran válida la aceptación del Bundesrat. La oposición conservadora ya ha pedido al presidente Johannes Rau que no la firme, trámite imprescindible para su entrada en vigor. Aun cuando el jefe del Estado acabe dando vía libre al texto, las circunstancias de su aprobación empañan la victoria de Schröder. Gobierno y oposición habían expresado antes del voto su temor a que la explosiva cuestión inmigratoria, que da alas a la extrema derecha, se convirtiera en tema electoral. Ahora es casi inevitable que sea así, para desmayo de casi todos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de marzo de 2002