El matrimonio formado por María Rosario E. C. Y Narciso P. P., cobraba entre tres y cuatro euros por peonada falsificada, ardid por el que percibieron unos 42.000 euros, y que al INEM le supuso un desembolso indebido de alrededor de 975.000 euros. Ese es el relato de los hechos, según el fiscal.
El fraude fue detectado por la administración precisamente porque ambos imputados tenían una explotación ganadera demasiado pequeña para generar tantos jornales. Conforme se detalla en la calificación del ministerio público, el marido captaba trabajadores agrícolas y ayudaba en la confección de los documentos, mientras su esposa firmaba las peonadas que nunca se realizaron. Esta actuación ilícita se prolongó desde marzo de 1990 a noviembre de 1994.
Si además los futuros beneficiarios no estaban inscritos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social -requisito imprescindible junto con las 60 peonadas para acceder al subsidio del PER-, ambos fingían relaciones laborales agrícolas o ganaderas con los otros inculpados para que pudieran afiliarse. Para ello le cobraban primero 108 euros y luego otros 480.
Para ambos, el fiscal reclamaba en la calificación que ahora pretende modificar seis años de cárcel por los delitos continuados de falsedad en documento y estafa y una multa de 11 meses a razón de 90 euros diarios.
En el fraude también participaron otras ocho personas que cobraban 0,60 euros (100 pesetas) por hacer de intermediarios entre el matrimonio y los que se beneficiaron indebidamente del subsidio. Estos inculpados actuaban como comisionistas o recaudadores de las peonadas falsas. Para ellos, el fiscal pedía cuatro años de cárcel por los mismos delitos.
El resto de los inculpados, mujeres en su amplía mayoría, cobraron el PER a sabiendas que lo habían obtenido con jornales falsos. Para éstos, el ministerio público solicitaba un año de privación de libertad también por falsedad documental y estafa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de abril de 2002