La profesionalización del Ejército no sólo plantea exigencias nuevas de organización y de asignación presupuestaria, sino de reconocimiento de derechos. El Ejército profesional debe ser capaz de compatibilizar las necesidades del servicio con los derechos profesionales y laborales de cuantos lo integran. Casos como el protagonizado por una teniente, a la que se ha puesto toda clase de obstáculos para compatibilizar su actividad profesional con su derecho de madre a atender a su hijo pequeño, ponen en duda que el cambio de modelo de Ejército habido en España haya calado suficientemente en las mentes de algunos mandos militares.
Más allá de la razón que pueda asistir a la teniente en el conflicto concreto que la ha enfrentado a sus mandos, lo que choca son los argumentos alegados para denegársela. A su petición de que se le eximiese de hacer guardias y de realizar ejercicios se le responde oponiendo los cometidos de la profesión militar al disfrute de derechos reconocidos en las leyes, como el que garantiza la conciliación de la vida familiar y laboral a los trabajadores con hijos menores a su cargo. Tal oposición carece de fundamento, salvo que se reivindique de nuevo la vieja doctrina de la autonomía militar, según la cual los valores y principios que rigen las Fuerzas Armadas están por encima de las leyes e incluso de la propia Constitución.
La legislación que favorece la reducción de la actividad laboral de hombres y mujeres en aras de la protección de los hijos menores de edad es de aplicación general. También en lo que respecta a las Fuerzas Armadas. Produce sonrojo que a estas alturas se cuestione la aplicación de una ley con argumentos tan peregrinos como su supuesta incompatibilidad con la defensa de España o tan jurídicamente infundados como que los derechos que ampara son meramente programáticos -como el disfrute de una vivienda digna- y no directamente aplicables. La denegación del derecho que reclama la teniente exige cuando menos argumentos más sólidos.
Sobran, además, los reproches que se le hacen de que su actitud revela 'falta de espíritu militar' y de 'profesionalidad', incluso de 'lealtad a la institución' porque ha osado informar de su caso a un miembro de Parlamento. La reclamación de un derecho no supone faltar a nada ni a nadie. El Ejército profesional, formado por hombres y mujeres que han optado voluntariamente por la milicia como actividad profesional y laboral, sólo será viable si hace compatibles los derechos de quienes lo integran con la buena marcha del servicio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de abril de 2002