El Parlament aprobó ayer por unanimidad la toma en consideración de la reforma de la Ley de Protección de los Animales para que incluya nuevos supuestos y sanciones a quienes infrinjan malos tratos a animales domésticos, así como para definir lo que se entiende por perros potencialmente peligrosos. La propuesta de modificación de la citada norma, presentada por el diputado de Esquerra Republicana Joan Ridao, tiene como objetivo ampliar y poner al día la Ley de Protección de los Animales que fue aprobada por consenso en 1988. El Parlament también aprobó una propuesta para ser trasladada al Congreso de los Diputados que propugna una reforma del Código Penal con la finalidad de que incluya la tipificación del delito de malos tratos a animales domésticos.
El diputado republicano Joan Ridao dijo que la Ley de Protección de los Animales fue innovadora y útil en muchos aspectos cuando fue aprobada, pero también presenta 'disfunciones', 'lagunas técnicas y conceptuales' así como limitaciones en cuanto a la necesidad de sancionar los malos tratos a animales domésticos.
El Parlament acordó, asimismo, ampliar en 60 millones de euros el presupuesto del Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA) para financiar las ayudas destinadas a los agricultores y ganaderos, en especial a los afectados por las últimas heladas y por la peste porcina clásica. El consejero de Agricultura, Josep Grau, presentó esta ampliación del presupuesto del ICCA, que pasa de 75 millones de euros a 135, de los que 15 millones se destinarán a paliar los daños de las heladas en los olivos y otros 16 a los ganaderos afectados por la peste porcina clásica. El resto, aproximadamente unos 29 millones de euros, se reservarán para ampliar las dos anteriores líneas de crédito o bien para la creación de otras en previsión de nuevas catástrofes agrícolas o ganaderas.
CiU y PP impidieron en la sesión de la mañana que prosperarase una propuesta de resolución de ICV en la que se pedía que la Cámara presentara en el Congreso la modificación del Estatuto de Trabajadores para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.
La propuesta de resolución, rechazada por los 68 diputados convergentes y populares y apoyada por la izquierda -PSC, ICV y ERC-, preveía que la reducción del tiempo de trabajo se realizase de manera progresiva en dos años y a partir de pactos entre los agentes sociales en el marco de la negociación colectiva, en función de las dimensiones de las empresas y bajo control de la Administración. Según el diputado de ICV José Luis López-Bulla, la reducción de la jornada laboral a 35 horas impulsaría el crecimiento económico y abriría las puertas a una mayor compatibilidad con la vida familiar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002