Tras el aluvión de críticas vertidas por los científicos al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y la escasa repercusión de sus argumentos entre el Gobierno, los dirigentes del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE), organismo nacido para gestionar compensaciones por el trasvase, han reclamado ahora públicamente los estudios eleborados por científicos y grupos ecologistas para 'incorporarlos' a la redacción del Plan Integral.
Con este nuevo llamamiento a la participación realizado ayer y que han hecho extensivo a la sociedad de las tierras del Ebro, los dirigentes del CPIDE pretenden contrarrestar el rechazo mostrado por los partidos de izquierda, sindicatos, grupos ecologistas y el movimiento antitrasvase.
Para el próximo día 19 está prevista la constitución del Consejo General del CPIDE, órgano de carácter meramente consultivo, en el cual van a sentarse ocho representantes nombrados el lunes por el Gobierno de la Generalitat y 12 que el pasado 22 de marzo designó el Gobierno del PP (entre los cuales, los 10 que ya forman la comisión ejecutiva del organismo). Entre ellos figuran altos funcionarios (el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Àngel Sagardoy), cargos públicos de ambos partidos y empresarios afines.
Junto con ellos, los dirigentes del CPIDE habían invitado a un sinfín de instituciones, entidades y organizaciones de la zona para cubrir hasta el máximo de 41 asientos. Con las peticiones presentadas y tras una selección de los aspirantes se cubrirán 37. Las cuatro sillas inicialmente reservadas a los ecologistas y los sindicatos obreros no tienen aspirante.
De los 52 municipios de las cuatro comarcas, sólo 28 (gobernados por convergentes y populares) han manifestado su voluntad de adhesión, y muchos de ellos han aprobado mociones apelando a su disolución. El sindicato Unió de Pagesos y varias entidades agrarias han manifestado abiertamente su oposición a participar en lo que consideran un organismo creado para compensar el trasvase del Ebro. Un mensaje que lanzó la Plataforma para la Defensa del Ebro instando a las entidades a rechazar activamente su participación.
El núcleo duro del CPIDE, formado por su presidente y a la vez delegado del Gobierno en las tierras del Ebro, Francesc Sancho, y el concejal popular de Tortosa y director, Joaquín Fabra, negó ayer la falta de representatividad en el órgano que debía plasmar la diversidad social y económica de las comarcas del Ebro. 'Tenemos legitimidad por ley. Como cualquiera de los organismos del estado. Fue aprobado por la mayoría parlamentaria escogida por el pueblo', arguyó Sancho.
Sin embargo, los dirigentes del ente persistieron en el llamamiento a los sectores sociales, ecologistas y científicos (que, precisamente, hace sólo dos semanas, reiteraron en Tortosa su oposición al PHN), a participar en el organismo que califican de 'consorcio de garantías ambientales'.
'Pedimos que reconsideren su posición. Pero si no quieren, que por lo menos nos aporten sus estudios', señaló Fabra. Según los mismos dirigentes, el llamamiento tiene por objeto integrar los informes sobre el tramo final del río en los estudios del Plan Integral para 'definir el caudal mínimo ecológico', por debajo del cual, aseguran, el trasvase no podría llevarse a cabo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002