El grupo municipal de Convergència i Unió (CiU) en el Ayuntamiento de Lleida ha denunciado ante la Fiscalía a los actuales responsables de la empresa municipal Autobusos de Lleida por supuestas irregularidades en la contratación de algunos empleados, entre los que figuran la esposa y familiares del ex presidente del comité de empresa y actual delegado sindical de Unión General de Trabajadores (UGT), Enric Granado.
El sindicalista reconoció hace unas semanas que, en su condición de miembro de un tribunal de contratación, favoreció a su mujer, a un familiar de ésta y a otras personas emparentadas con compañeros suyos para que pudieran conseguir un puesto de trabajo en la empresa municipal que gestiona el servicio del transporte urbano, actualmente en avanzado proceso de privatización. 'Siempre procuro favorecer a los familiares de mis compañeros a la hora de puntuar, y no lo niego. Y si actué mal con mi esposa, también lo hice en otros 15 casos', dijo el Granado.
El portavoz de CiU, Josep Giné, explicó ayer que se ha presentado la denuncia al considerar insuficientes las explicaciones dadas por el presidente del consejo de administración de Autobusos de Lleida, el concejal Lluís Pere Alonso. Giné criticó que el equipo de gobierno socialista haya cerrado en falso un caso que ha creado alarma social entre los ciudadanos, sin investigar todos los indicios de falsedad existente y de incumplimiento de la legislación vigente. El edil de la oposición entiende que Alonso debió haber actuado anulando las pruebas de selección por no ajustarse a derecho y no lo hizo, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002