PNV, EA y PSE tienen previsto cerrar la próxima semana un acuerdo para acometer una inversión cercana a los 481 millones de euros con el fin de aliviar el tráfico a Bilbao y abaratar en más de un 50% el actual peaje en la autopista A-8. Será el segundo gran pacto en cuatro meses entre nacionalistas y socialistas en Vizcaya, después del que permitió la aprobación de los presupuestos de la Diputación foral para este año. El proyecto viario plantea como su principal obra construir una gran variante de peaje paralela a la A-8, de 14 kilómetros de longitud.
Representantes de los tres partidos vizcaínos celebraron ayer su segunda reunión conjunta para perfilar el acuerdo, en el que los grupos junteros de Vizcaya trabajan desde el pasado noviembre. Entonces se constituyó una ponencia en las Juntas Generales para debatir sobre el denominado Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003, presentado públicamente por el diputado general, Josu Bergara, en septiembre pasado.
El magno plan gira en torno a la variante paralela a la A-8 que discurriría entre Arrigorriaga y Trapagaran, un proyecto barajado desde hace más de diez años por la Diputación, pero que se había descartado por su alto coste. Este vial sería de peaje y estaría complementado por el adelanto en la construcción de otras tres carreteras ya previstas: el eje del Ballonti, la futura autovía de la Margen Izquierda con la que se pretende evitar el paso por la A-8, con un presupuesto estimado de 99 millones de euros y sin fecha de inicio de obras; la conexión del corredor del Txorierri con la A-8, en fase de trabajos, y la variante de Alonsotegi, uno de los tramos del corredor del Cadagua, cuyo coste se estima en 60 millones de euros y pendiente de fecha de construcción.
Este proyecto pasa por el mantenimiento del peaje en la A-8, cuyo régimen de concesión privado termina en junio de 2003, fecha en que quedará en manos de las diputaciones vizcaína y guipuzcoana.
Asunto complicado
Éste es uno de los asuntos más espinosos para lograr un acuerdo, puesto que las Juntas Generales de Vizcaya han tomado partido, con los votos de toda la oposición, incluidos los socialistas, a favor de la supresión del peaje.
La fórmula de consenso barajada, y que con toda probabilidad saldrá adelante, es cambiar el peaje por un canon de uso, que se destinaría a costear el mantenimiento de la autopista. La idea de la Diputación es establecer un canon de ocho pesetas (cinco céntimos de euro) por kilómetro, frente a las más de 20 pesetas actuales. Pero nacionalistas y socialistas no han cerrado este aspecto, así como las obras concretas del plan de accesibilidad. Según las fuentes consultadas, el PNV se ha mostrado especialmente interesado en impulsar la gran variante, que absorbe la mayor cantidad económica del plan de accesibilidad: más de 282 millones de euros.
El PSE quiere incluir también un compromiso sobre otro proyecto que no tiene fecha: la carretera de peaje bajo la Ría en Leioa, de 3,5 kilómetros de longitud, que pretende unir la A-8 con la rotonda de Artaza y que también sería de pago. Su coste está calculado ahora en 150 millones de euros y la Diputación ha anunciado que se aplaza debido al proyecto de la gran variante. Sí existe mayor coincidencia en la creación de una sociedad pública para gestionar la autopista cuando acabe la concesión y encargarse de los trámites para la construcción de la gran variante.
La reunión celebrada ayer entre los tres partidos no cerró estos aspectos y sus participantes, que se han negado a revelar la situación de las negociaciones, se han dado de plazo hasta la próxima semana para concretar un acuerdo global. Para el próximo 11 de abril está convocada la sesión de la ponencia de las Juntas que debe emitir sus conclusiones sobre el plan de accesibilidad, tras haber escuchado durante los últimos cinco meses a una decena de expertos sobre los problemas de tráfico en el área metropolitana.
El PP, cuya petición al diputado general tras presentar el plan viario motivó la constitución de la ponencia en las Juntas Generales, se ha mostrado contrario a cualquier plan que mantenga el peaje en la A-8 y defiende con firmeza la supresión del abono.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002