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El PNV pide el amparo del Gobierno en el conflicto de la Caja Vital

Los candidatos nacionalistas a entrar en los órganos de dirección de la Caja Vital, que perdieron las elecciones celebradas el pasado martes, han decidido pedir el amparo del Gobierno vasco en el conflicto generado durante el proceso.

Los representantes del PNV, María Isabel Sola (del Ayuntamiento de Añana), y de Eusko Alkartasuna, José María Mouriz (de Amurrio), vieron cómo sus alegaciones fueron rechazadas por la comisión electoral de la caja, que no atendió a la petición de que se paralizase el proceso. Los nacionalistas, sin embargo, insisten en que no se cumplió ni la Ley Vasca de Cajas de Ahorros ni los estatutos internos de la propia entidad. El motivo de sus protestas es la novedad introducida este año de permitir que participasen en las votaciones varios ayuntamientos de fuera de la provincia (Zaragoza, Valladolid, Madrid, Alcalá de Henares y Miranda de Ebro), que cuentan con sucursales de la entidad.

Esa decisión favoreció a los candidatos que representaban a los partidos constitucionalistas (PP, PSE y Unidad Alavesa). Finalmente, éstos ganaron por una amplia diferencia de 54 votos frente a 20, de manera que las elecciones del martes consumaron la marginación del PNV de todos los órganos de dirección de la Vital y consolidaron al equipo del presidente Pascual Jover.

Los nacionalistas no se conforman con las razones aducidas por la comisión electoral para denegar sus reclamaciones, de modo que los dos candidatos han decidido acudir a los tribunales. Como paso previo, la candidata del PNV enviará hoy un escrito a la Vicelehendakaritza, el departamento encargado de vigilar la ley de Cajas, en el que se solicita que el Gobierno vasco desautorice a la comisión electoral de la Caja Vital.

La candidata del PNV, María Isabel Sola, asume que los nacionalistas tenían perdidas las elecciones de antemano, dado el peso que han adquirido en los dos últimos años los constitucionalistas entre los sectores que componen la asamblea (impositores, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria, los municipios de la provincia y los trabajadores). Pero cree que la comisión electoral, presidida por el socialista Roberto San Ildefonso, ha utilizado 'un procedimiento feo' para facilitar que los constitucionalistas refuercen su poder en la Caja Vital y que 'ha malinterpretado' tanto la ley de Cajas como el reglamento interno.

San Ildefonso subrayó el martes, tras las elecciones, su satisfacción por 'la normalidad' con que transcurrieron los comicios.

Según los cálculos realizados por el PNV, la presencia de los ayuntamientos foráneos ha supuesto un vuelco importante en la correlación de fuerzas dentro de la entidas. El martes se renovaron 52 miembros de los 100 que componen la Asamblea General. De ellos, 16 puestos correspondían a los ayuntamientos donde hay sucursales de la entidad. Hasta ahora, se empleaba un complicado sistema, con fórmulas matemáticas, para elegir qué municipios entraban en la asamblea. Sin embargo, este año se ha modificado.

El resultado es que de los 16 representantes municipales, siete provienen de ayuntamientos de fuera de la provincia: dos de Valladolid, dos de Zaragoza, uno de Alcalá, otro de Miranda y uno más de Madrid. Para los nacionalistas, ello desequilibra la asamblea. '¿Cómo es posible que Zaragoza, con una sola oficina, tenga dos asambleístas mientras que en Álava cuatro pueblos, cada uno con su sucursal y más clientes que Zaragoza, se tienen que agrupar para conseguir entre todos un representante?', se pregunta María Isabel Sola, quien acusa a las fuerzas constitucionalistas de 'quitar la Caja Vital de las manos de los alaveses'.

En opinión de los nacionalistas, la Caja Vital debería seguir los pasos de otras autonomías, donde se prohíbe tener representación en las cajas de ahorros a los municipios en que el índice de impositores de esa entidad sea inferior al 5% de la población. Con esta medida, localidades como Madrid jamás tendrían posibilidad de participar en la asamblea de la Vital. 'Después de estas elecciones, resulta que el 43% de los representantes municipales proceden de fuera de Álava. No quiero que, si se sigue la política de expansión de la caja, dentro de dos años tengamos al 100%. ¿Alguien se imagina una Caixa dirigida por ayuntamientos de fuera de Barcelona?', protestan los nacionalistas.

Este conflicto esconde un claro trasfondo político de lucha de poder entre el PNV, dominador de la Vital hasta hace dos años, y los constitucionalistas, aliados en la llamada Plataforma por la Pluralidad, que ha desalojado a los nacionalistas de los puestos de dirección de la entidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002