El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y el consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, pactaron ayer la apertura de una nueva fase de negociación más técnica sobre las transferencias pendientes en materia de empleo y Seguridad Social, a pesar de las grandes diferencias que separan a ambas administraciones.
La próxima semana fijarán la fecha de una nueva reunión en la que los técnicos de los dos departamentos analizarán con más detalle cada competencia para buscar resquicios que permitan llegar a algún tipo de acuerdo. El problema es que el Gobierno central no quiere ceder las políticas pasivas de empleo porque 'forman parte de la Seguridad Social y su control es exclusivo de la Administración estatal. Eso se considera innegociable', según fuentes ministeriales.
El Ejecutivo autónomo, mientras, quiere gestionar tanto las políticas activas como pasivas de empleo, entre las que se incluyen las prestaciones por desempleo. Madrid está dispuesto a estudiar por separado algunas transferencias; Vitoria quiere bloques completos. Con todo, ambas delegaciones dejaron ayer una puerta abierta.
Nueve transferencias
Durante la reunión, el consejero reclamó al ministro la transferencia de nueve competencias, concretamente las prestaciones por desempleo, promoción y gestión de empleo, formación profesional ocupacional, regulación de empleo, y Seguridad Social agrupadas en tres bloques: Seguridad Social, políticas de empleo e Inspección de Trabajo.
Tras la cita, el viceconsejero de Trabajo, Iñaki Zabala, reconoció en declaraciones a EL PAÍS que el encuentro había servido para 'situar las cosas en su sitio, es decir comprobar que estamos donde estábamos y que no hay ningún cambio de posición por ninguna de las partes'. 'No tenemos grandes esperanzas', agregó Zabala, pero precisó que la única opción es un estudio más detallado para analizar hasta el fondo todos los asuntos 'y ver si de esta manera somos capaces de encontrar algún resquicio'.
Azkarraga planteó además la posibilidad de que el Gobierno central asuma la mitad del coste del plan de prejubilaciones de los 302 contratos que se van a rescindir en Mecapeña, 219 de los cuales corresponden a Mecánica Equipos y 83, a Mecánica de la Peña, SA.
El plan precisa de 8.600 millones de pesetas, de los cuales el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya están dispuestos a pagar la mitad. Aparicio explicó a la delegación vasca que su departamento no dispone de recursos para dicho plan, pero dejó una puerta abierta a que lo asuma el Ministerio de Economía. Esta cuestión será tratada en una próxima reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Los sindicatos recurrieron ayer la decisión del delegado de Trabajo de aceptar las rescisiones de los citados 302 contratos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002