Ocho comunidades autónomas (las seis gobernadas por el PSOE, Cataluña y el País Vasco) manifestaron ayer al Gobierno su oposición al borrador de la Ley de Calidad en la primera reunión de los representantes de las comunidades con el ministerio desde que el 11 de marzo la ministra de Educación, Pilar del Castillo, hizo público el Documento de bases de la Ley de Calidad.
Estas autonomías coinciden en rechazar el proyecto básicamente porque el proyecto no parte de un diagnóstico de la situación y porque están en contra de la división de alumnos en itinerarios a los 14 años, medida que han calificado de 'segregadora' y de 'estar dirigida a clasificar a los alumnos y a obligarles a hacer una elección muy temprano, algo que no recomiendan los expertos educativos', según resumió el director general de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo.
En el encuentro de la Comisión General de Educación (formada por los viceconsejeros y directores generales de las comundidades), la secretaria general de Educación, Isabel Couso, pidió a los representantes de cada autonomía que expresaran su postura ante el proyecto. Couso planteó a los representantes de las comunidades la posibilidad, solicitada por las asociaciones que representan a los centros privados concertados, de introducir conciertos en la educación infantil. Las autonomías se opusieron a ello sin una ley de financiación.
Confrontación
Las comunidades que se opusieron al proyecto resaltaron además 'los problemas que algunas medidas (como la recuperación del cuerpo de catedráticos) pueden provocar entre el profesorado y la preocupación porque esta reforma provoque una división y confrontación entre la red pública y privada', añadió Novillo. En la reunión de ayer, Canarias no manifestó ninguna postura clara, se limitó a pedir más información.
El País Vasco, además de manifestar su oposición al proyecto, ha encargado a un grupo de expertos un informe sobre los temas en los que hay colisión con las competencias autonómicas. Esta comunidad ha repartido copias del documento del ministerio por todos los centros y entre unos 80 colectivos (desde el Consejo Escolar de Euskadi a sindicatos, patronales y a asociaciones de profesores) para que expresen su postura sobre cada tema que plantea la reforma, según ha señalado la viceconsejera de Educación, Nekane Agirre. Esta comunidad dispondrá a finales de abril del informe sobre el proyecto del ministerio y de las opiniones de su comunidad educativa sobre esta reforma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002