El Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha renovado y aumentado los conciertos que concedió el año pasado a siete escuelas privadas de élite, según se desprende de una resolución publicada ayer en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) que acuerda la renovación de los conciertos educativos de centros docentes privados. La resolución se produce cuando está a punto de vencer el plazo que tiene Enseñanza para presentar ante el Parlament una auditoría sobre estos polémicos conciertos.
La resolución, firmada por la consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, tiene carácter provisional -será definitiva en función de las plazas que se soliciten a los centros durante el periodo de preinscripción-, y prevé renovar y aumentar los conciertos a los colegios Sil, Súnion y St. Paul's School (Barcelona), Pere Vergés (Badalona), La Farga y Viaró (Sant Cugat del Vallès) y La Vall (Bellaterra). En el caso de los tres últimos, se trata de centros vinculados al Opus Dei.
Los conciertos otorgados afectan a 9.539 aulas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria pertenecientes a 623 centros privados. Las 134 aulas de primaria y ESO que se concertarán el próximo curso en los colegios de élite citados, donde los padres pagan mensualidades de hasta 600 euros (100.000 pesetas) al mes, suponen un gasto público de unos 8.700 millones de euros (1.450 millones de pesetas).
La resolución prevé la renovación de conciertos a centros privados para 37 aulas de educación infantil, 5.692 aulas de educación primaria y 3.810 de ESO. Esta última cifra supone incrementar en más de 400 las aulas concertadas en los centros privados para el segundo ciclo de la enseñanza obligatoria respecto al curso actual.
La polémica se desató el año pasado, cuando el Departamento de Enseñanza concedió conciertos a centros escolares de élite a los que se les habían negado hasta el momento. La decisión provocó un alud de críticas de los partidos catalanes de izquierda y los sindicatos, hasta el punto de que USTEC presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contra los conciertos otorgados a los centros citados que fue desestimado por razones de forma sin entrar en el fondo de la cuestión.
Emili Pons, director de centros docentes, defendió ayer la decisión de Enseñanza y aseguró que había tenido 'una actitud restrictiva en la política de conciertos'. Carles Martínez, portavoz del sindicato USTEC, calificó de 'escandalosa' la resolución: 'Es una falta de respeto que Enseñanza haga públicos los conciertos sin haber presentado previamente al Parlament las auditorías que tiene pendientes', dijo.
Luz Jabardo, portavoz de CC OO, afirmó que los conciertos a los colegios de élite 'son sólo la punta del iceberg de un departamento que tiene que rendir cuentas sobre cómo se gasta el dinero de los ciudadanos'. Jabardo agregó: 'Tiene que haber un control del gasto público'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de abril de 2002