El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán (1997-2002) y siete allegados actualizaron la lista de funcionarios reclamados por la justicia en América Latina con cargos de corrupción durante el ejercicio del cargo. Amparándose en su inmunidad parlamentaria, Alemán rechaza comparecer como supuesto jefe de una mafia que esquilmó bienes de un país con el 70% de sus habitantes en la pobreza.
La acusación concreta es la estafa de 1.350.000 dólares (1.485.000 euros) a la cadena de televisión estatal mediante un disimulado mecanismo de ingresos y gastos. La titular del II Juzgado de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, pidió al Parlamento que retire la inmunidad a su actual presidente, precisamente el principal imputado, el ex gobernante conservador. Los otros reos son su ex ministro de Hacienda y Crédito, el ex presidente y el ex director general de la Empresa de Telecomunicaciones (Enitel), el ex director de la Administradora de Aeropuertos, el ex embajador de México en Managua Ricardo Galán, buscado por la Interpol, y dos personas más. El grupo habría creado una asociación para delinquir, según el expediente, en varios sectores.
La putrefacción oficial en buena parte de Latinoamérica determinó que el grueso de sus sociedades invirtiera la carga de la prueba, presuma la culpabilidad, y no la inocencia, y menosprecie a políticos y al propio sistema democrático. Habiendo sido un referente en la América Latina irredenta, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) también perdió legitimidad al adulterar los ideales revolucionarios. El FSLN derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, gobernó con Daniel Ortega hasta 1990 y ahora es acusado por sus disidentes de cerrar un ojo ante la corrupción atribuida a Alemán, tratando de evitar que se ventile la propia.
Durante la pasada Administración, el jefe sandinista y el ex presidente, del Partido Liberal Constitucionalista, suscribieron un acuerdo para repartirse los poderes del Estado. Admitiendo el trueque de favores, el diputado liberal Luis Benavides recordó el apoyo prestado a Ortega en 1998, año en que su hijastra Zoiloamérica declaró haber sido violada por su padrastro desde la adolescencia. Su desafuero fue rechazado por el hemiciclo. 'Todos fuimos cómplices de un violador', dijo Benavides.
El levantamiento de la inmunidad a Arnoldo Alemán requiere el voto favorable de 47 de los 93 parlamentarios del Congreso. El Frente Sandinista ha ofrecido sus 38, con condiciones, pero el ex presidente liberal controla 49 diputados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de abril de 2002