El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Luis Miguel Romero Villafranca, criticó ayer la última decisión tomada la semana pasada en una junta de gobierno por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Beltrán, y que se concreta en una circular que insta a los fiscales a la solicitud de forma extendida de la prisión provisional 'a detenidos por delitos menores'. Entiende Romero Villafranca que 'la posición de Enrique Beltrán es incompatible con las garantías del derecho fundamental a la libertad en un Estado de Derecho'.
Romero Villafranca considera que el máximo representante del ministerio fiscal en la Comunidad 'auspicia el Estado policial, extiende una medida cautelar que debe aplicarse sólo en casos excepcionales, cuando debe prevalecer la libertad provisional según consta en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional'.
El decano de los abogados de Valencia afirmó ayer que 'la alarma social no es un fin constitucionalmente legítimo para aplicar la prisión provisional y la seguridad ciudadana nunca puede ser argumento definitivo que limite o quiebre la seguridad jurídica ni las garantías propias del Estado de Derecho'.
'No podemos poner en contraposición la libertad, que es un derecho constitucional, y la seguridad', añadió. Según Romero Villafranca, el ministerio fiscal debe ejercer su función en los procedimientos y no 'erigirse cual policía'. El decano de los abogados considera que Enrique Beltrán 'limita la seguridad jurídica en virtud de la seguridad ciudadana'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de abril de 2002