La presidenta del Colegio de Enfermería de Barcelona, María José Martínez, reclamó ayer un aval económico a la Generalitat de Cataluña para evitar un posible cierre de esa entidad después de haber sido embargado para dar cumplimiento a una sentencia que le obliga a pagar 6,3 millones de euros al Consejo General de Colegios de Enfermería de España. El origen del litigio es la cuantía de las cuotas que ha de pagar una entidad a otra. El Colegio de Barcelona abona 0,52 euros mensuales por colegiado, pero el Consejo General le exige 2,9 euros.
Esta diferencia de cuotas durante varios años suma 6,3 millones de euros, que es la cantidad fijada por el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid en la sentencia que dio la razón a la organización colegial de ámbito español y ordenó el embargo. Esa orden ya se ha llevado a cabo y ya han sido embargadas las cuentas del colegio barcelonés, en las que había un saldo de 3,16 millones de euros, y el edificio de la entidad, situado en la calle Alcoi y valorado en otros 1,80 millones.
La petición de un aval oficial por parte del colegio barcelonés fue criticada ayer por el presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, Máximo González, al considerar que esa decisión era 'esconderse detrás de los políticos' y 'no dar la cara'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de abril de 2002