El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, manifestó ayer que "cualquier cosa que no sea un acuerdo entre el PP y el PSOE en materia antiterrorista es un disparate de colosales proporciones". En declaraciones a Onda Cero, añadió: "Si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en materia antiterrorista daremos una mala imagen y transmitiremos muy mala sensación a la gente". Pese a que tiene un "buen entendimiento con el PSOE" en esta materia y que no teme por la continuidad del Pacto Antiterrorista, dijo que en este partido "se habla con demasiadas voces y es bueno que se hable con una sola voz" .
Rajoy dijo también que la decisión de ilegalizar un partido será "siempre judicial" porque "sería un disparate que cualquier Gobierno pudiera legalizar o ilegalizar partidos. En ese caso, no estaríamos en un sistema democrático sino en otra cosa".
Por su parte, el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, Manel Silva, señaló que antes de discutir quién va a tomar la iniciativa para pedir la ilegalización de Batasuna habrá que preocuparse de elaborar una "buena ley", con las máximas garantías constitucionales y un consenso político que no se reduzca al PP y al PSOE. Con ello aludía a las declaraciones del secretario general del PP, Javier Arenas, este fin de semana, que adelantó que su partido instará a la ilegalización de Batasuna en cuanto se apruebe la Ley de Partidos. "Antes de entrar en la fase de quién pide la ilegalización y quién no, es necesario el mayor consenso parlamentario posible para aprobar la ley", precisó Silva.
Agregó que CiU quiere que "en el Congreso haya un consenso importante, no ya en la ilegalización, sino, primero, en el texto legal" por lo que "debe trasladarse la oferta de negociación a otros grupos parlamentarios, incluidos el Grupo Vasco, IU y el Grupo Mixto" porque "la urgencia no puede impedir elaborar una ley con todas las garantías".
Por otro lado, Rajoy negó que anunciase gestiones con Venezuela para la detención de siete etarras. Su homólogo venezolano, Ramón Rodríguez, había criticado al Gobierno español por el "gran error" de darlas a conocer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de abril de 2002