El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha imputado a otros ocho jóvenes por delitos de daños contra el Patrimonio Histórico y desórdenes públicos, en relación con el asalto al Rectorado de la Universidad Hispalense producido el pasado 8 de febrero, con lo que ya son 29 las personas imputadas por estos hechos.
El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha imputado a otros ocho jóvenes por delitos de daños contra el Patrimonio Histórico y desórdenes públicos, en relación con el asalto al Rectorado de la Universidad Hispalense producido el pasado 8 de febrero, con lo que ya son 29 las personas imputadas por estos hechos.
Fuentes del caso explicaron a Europa Press que estos jóvenes deberán comparecer en los próximos días en el juzgado, y en principio, se les atribuyen los mismos delitos que sus compañeros: daños contra el Patrimonio Histórico, desórdenes públicos, y de una falta de lesiones por la agresión a un vigilante jurado.
El asalto al Rectorado de la Universidad Hispalense se produjo el pasado 8 de febrero cuando numerosos jóvenes abortaron la Junta de Gobierno en la que se debía debatir la aplicación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en una actuación que ocasionó diversos daños materiales como la rotura de varias puertas, una de ellas del siglo XVIII.
A los pocos días del asalto, la Policía practicó 15 detenciones, entre ellos 13 universitarios, un abogado de CGT y un 'gorrilla', quienes fueron puestos a disposición judicial y a los que la Fiscalía pidió prisión preventiva, medida que no fue acordada por la juez Pilar Llorente, que decretó su puesta en libertad sin fianza aunque con la obligación de comparecer regularmente ante la autoridad judicial. Estos jóvenes se negaron a declarar tanto ante la Policía como en el juzgado, y algunos de ellos pasaron más de un día detenidos.
De un segundo grupo de imputados, que comparecieron en el juzgado a principios de marzo pasado sin necesidad de que se procediera a su detención, uno de los jóvenes sí accedió a prestar declaración ante la juez, en el sentido de asegurar que no tuvo participación alguna en el asalto y que sólo asistió como mero espectador.
Los delitos cuya autoría se les atribuye a las 29 personas llevan aparejados penas de entre seis meses y tres años de cárcel, según contempla el Código Penal, y éste fue uno de los argumentos alegados por la Fiscalía para pedir la prisión preventiva, unido a la gravedad de los hechos y la "alarma social" provocada por lo ocurrido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de abril de 2002