El PP tilda de 'humorada' la reclamación de Zapatero de levantar acta de todas las reuniones

El PP despreció ayer la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de que se levanten actas de las reuniones del Pacto Antiterrorista porque no se fía de las 'manipulaciones partidistas' del Gobierno. El secretario general del PP, Javier Arenas, replicó que, si es preciso, su partido acudirá a esas citas con 'notario' para registrar las divergencias que observa entre los socialistas. El portavoz del PP en el Senado tildó de 'humorada' la propuesta de Zapatero y sugirió, irónico, que asista la prensa a esas convocatorias. En este clima de desconfianza, el PP aplazó ayer un encuentro con el PSOE.

Arenas censuró al PSOE por oponerse a otogar capacidad de iniciativa a 50 parlamentarios y al Gobierno para promover ante el Supremo la ilegalización de un partido político. El secretario general de los populares anunció que al día siguiente de que la norma esté vigente, los más de 300 diputados y senadores del PP, con José María Aznar a la cabeza, reclamarán por esa vía la disolución de Batasuna. Arenas interpreta que el PSOE "se esconde detrás de un burladero" porque en la reunión en que supuestamente se pactó la reforma legal se llegó a un "acuerdo político" sobre el contenido y el fondo y sólo se dejó la posibilidad de estudiar o reconsiderar detalles técnicos. Por ejemplo, la situación en la que quedarían los bienes incautados a los partidos ilegalizados. El socialista Juan Fernando López Aguilar anticipó que existirían problemas legales si esos bienes se los quedara el Estado. Arenas y el portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, calificaron de "humorada" y "tontería" la propuesta de Zapatero de que a partir de ahora se levante acta de las reuniones del Pacto Antiterrorista.

La desconfianza entre populares y socialistas tuvo ayer consecuencias. El Gobierno comunicó al PSOE la decisión de aplazar la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista, prevista para mañana, y en la que se tenía que aprobar un texto definitivo sobre el aumento de recursos y de medidas legales para proteger a los concejales amenazados en el País Vasco. El portavoz de esta comisión por el PP, Esteban González Pons, justificó el aplazamiento en que el informe de los juristas está "sin terminar".

Dirigentes socialistas se sorprendieron por el aplazamiento y afirmaron que había un acuerdo muy avanzado sobre la protección de los concejales y las medidas legales para reforzarla. La única discrepancia abierta, pendiente de la reunión anterior, celebrada el 25 de marzo, se refería a la financiación de la seguridad.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, se reafirmó ayer en que el Gobierno sólo aceptará enmiendas jurídico-técnicas al borrador de la nueva ley de partidos, pero no cambios políticos sustanciales, aunque se mostró cauteloso a la espera de los próximos dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Acebes replicó a las opiniones de los expertos juristas, conocidas este fin de semana, que "no ha escuchado ninguna crítica sólida al anteproyecto" o que "cuestione su constitucionalidad". Concretamente rebatió las críticas a que sea la Sala Especial del Tribunal Supremo la que decida sobre la ilegalización de un partido y que alternativamente lo sea el Constitucional.

El proyecto de ley será debatido por el Consejo General del Poder Judicial en un pleno extraordinario el próximo día 15. El informe de la Comisión de Estudios será elaborado conjuntamente por el magistrado Adolfo Prego, de la mayoría afín al PP, y el catedrático Luis Aguiar Luque, del sector de vocales nombrados por el PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de abril de 2002