La situación de precariedad laboral y económica en la que se encuentran un gran número de inmigrantes en España -un colectivo que ha pasado de 719.647 personas regularizadas en 1998 a 1.109.060 en 2001- convierte la búsqueda de vivienda en una misión casi imposible. El alto precio de los alquileres, la exigencia de excesivas garantías y los recelos de los propietarios, que se niegan a alquilar a extranjeros, los condenan al hacinamiento, a subarriendos excesivos y a sufrir todo tipo de engaños. Asociaciones de marroquíes, colombianos y ecuatorianos piden ayudas públicas para poder acceder a viviendas dignas.
El de los inmigrantes es uno de los colectivos que más sufre la carestía y la escasez de viviendas de alquiler que caracterizan al mercado inmobiliario español. Sus asociaciones reclaman más ayuda de las instituciones para facilitar la necesidad básica de encontrar una vivienda digna. Raúl Jiménez, de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, cree necesaria la creación de "programas de vivienda de alquiler social o de subvenciones que ayuden a pagar cada mes". Por su parte, Mustafá al-Mrabet, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), ve en las dificultades de alojamiento el principal impedimento a la integración y pide a los ayuntamientos "que cedan terrenos para la construcción de viviendas con alquileres baratos". De la misma opinión es Yolanda Villavicencio, de la asociación latinoamericana América-España Solidaridad y Cooperación (Aesco), para quien la falta de viviendas de promoción social es clave para entender la marginación en la que viven muchos extranjeros.
El principal escollo al que se enfrenta cualquier extranjero a la hora de encontrar un piso de alquiler es la resistencia de los propietarios a arrendar. Según Al-Mrabet, una de las respuestas más frecuentes con la que se topan sus compatriotas al buscar piso es: "Aquí no queremos moros". Otras veces la escusa es más sutil, y nada más escuchar el acento se les miente con un escueto "está ya alquilado". También los colombianos chocan con los prejuicios de los arrendadores. "Para los españoles, colombiano es sinónimo de delincuente", asegura Pedro Arias, de la Asociación Colombianos en Madrid (Acoma). Por ello muchos se ven obligados a alquilar mediante intermediarios. "El problema es que así no figuran como inquilinos en el contrato y no pueden empadronarse, lo que es necesario para que te den la tarjeta sanitaria y para demostrar que vives aquí al solicitar el permiso de residencia", remarca el colombiano.
Excesivas garantías
A veces hay suerte, y el dueño de la casa accede a contratar con el inmigrante, pero no sin antes asegurarse de su solvencia. "Piden nóminas y avales bancarios, cuando a veces ni siquiera tienes papeles", denuncia Jiménez. A los que no cumplen esas condiciones, los propietarios les exigen fianzas excesivas. "He conocido casos extremos en los que se ha llegado a pedir un año de adelanto como garantía, cuando lo normal es un mes", asegura.
De todas estas penalidades hay gente que no tiene reparos en sacar tajada. Jiménez cuenta como, en el caso de los ecuatorianos, a menudo son ellos mismos los que explotan a sus compatriotas con subarriendos leoninos. "Algunas personas llegan a pedir 20.000 o 25.000 pesetas por un colchón o un sofá donde poder dormir; ni siquiera les dan una habitación", explica. Por su parte, Arias asegura que la mayoría de los intermediarios que alquilan a los colombianos cobran comisión por ello, aprovechándose de la situación desesperada que sufre el inmigrante.
El programa Greco del Ministerio del Interior es el documento que guía los pasos del Ejecutivo en materia de inmigración. En él se prevén mecanismos de actuación coordinada con las comunidades autónomas en materias que les pertenecen, entre ellas la de vivienda.
De todos los hogares que hay en España sólo un 14% es de alquiler (un 2% es de alquiler social), según recoge un reciente estudio sobre política de vivienda. Su autora, la economista Carme Trilla, explica que "al no existir apenas ese recurso a la vivienda pública, los extranjeros van directamente al mercado privado, donde las rentas son altas y los propietarios ponen todo tipo de trabas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de abril de 2002