El juicio por el mayor fraude al Plan de Empleo Rural (PER) de la provincia de Málaga, celebrado ayer, duró menos de cinco minutos. Nada más empezar la vista, el fiscal retiró los cargos contra 46 de los 48 acusados y rebajó sensiblemente las penas contra los dos únicos procesados contra los que mantuvo su acusación, para los que pidió 18 meses de cárcel y una multa de 1.081.821 euros. Debido a que ambos imputados ya estuvieron siete meses en prisión preventiva, probablemente no serán encarcelados. El juicio quedó visto para sentencia.
El fiscal, Antonio Morales, exculpó a casi todos los encausados, vecinos de Antequera, en base a un fallo del Supremo por un caso similar en Moclinejo (Málaga). En esa sentencia de junio pasado, el alto tribunal absolvió a los jornaleros al entender que para que hubieran cometido fraude deberían haberse embolsado una cantidad superior a los 60.000 euros (10 millones de pesetas), cifra que en ninguno de los dos casos se acercaba ni remotamente a lo percibido por los encausados, que cobraban un subsidio mensual que oscilaba entre los 198 (33.000 pesetas) y los 330 euros (55.000 pesetas).
Al margen del fallo que adopte ahora la sala tercera de la Audiencia Provincial, casi con total seguridad el Instituto Nacional de Empleo (Inem) le reclamará el reembolso de las cantidades indebidamente percibidas, como ha hecho en el caso de Moclinejo. El fraude fue cometido en Antequera entre los años 1990 y 1994 y supuso un desembolso indebido para el Inem de unos 975.000 euros (162 millones de pesetas).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de abril de 2002