El acuerdo de EE UU con España sobre servicios secretos no irá al Parlamento

Los acuerdos que regularán la intervención en España de los servicios de investigación criminal de EE UU y las medidas de protección de la fuerza estadounidense en territorio español no formarán parte del nuevo convenio bilateral de Defensa y, en consecuencia, no pasarán por el Parlamento, al contrario que los múltiples canjes de notas y anejos que acompañan al tratado vigente. El documento que hoy firmarán en La Moncloa el secretario de Estado de EE UU, Colin Po-well, y el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, consta de 54 artículos, tres disposiciones adicionales y una final.

Aunque la renegociación del convenio con EE UU se presentó como una 'revisión técnica', las reformas acordadas han sido 'sustanciales en contenido y extensión', según el propio Piqué.

El articulado del convenio, cuya vigencia se prorroga al menos hasta el 2010, sufre numerosas modificaciones y al mismo se le añaden una declaración de principios sobre cooperación en equipamientos e industria de Defensa, suscrito por el responsable del Pentágono, Donald Rumsfeld, y por su homólogo español, Federico Trillo-Figueroa, y una nota verbal sobre asuntos laborales. Esta última prevé la constitución de una comisión mixta, que en un plazo de seis meses intentará resolver el conflicto planteado por los 1.200 trabajadores españoles de la base de Rota (Cádiz).

Lo paradógico es que, si esta comisión llega a un acuerdo de fondo sobre relaciones laborales, habrá que modificar el anejo 8 y reformar por tanto el convenio que se firma hoy. Razones de oportunidad política, según fuentes gubernamentales, han aconsejado no esperar seis meses, aunque la vigencia del actual tratado llegaba hasta mayo de 2003.

Este asunto ha quedado, sin embargo, eclipsado por la inclusión en el convenio, a petición de EE UU, de una serie de medidas derivadas de la situación posterior a los atentados del 11-S.

La más polémica de ellas es la autorización para que operen en España el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Oficiales de la Fuerza Aérea.

Según el nuevo artículo 17 del convenio, ambos servicios podrán investigar 'en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia españoles sobre asuntos de interés común que afecten a personal o bienes de EE UU'.

Piqué y Trillo-Figueroa intentaron el lunes disipar los recelos de la oposición asegurando que dichos servicios actuarán con escrupuloso respeto a la soberanía española. Los diputados tendrán que dar un 'voto de confianza al Gobierno', en palabras del portavoz de Coalición Canaria Luis Mardones, pues las 'normas reguladoras' sobre la actuación de estos servicios figurarán en un acuerdo aparte, aun por negociar, que no pasará por el Parlamento. Quien no dará ningún voto de confianza es IU, que ayer calificó de 'absolutamente inconstitucional' el acuerdo.

Aunque el NCIS está desde hace años en España (agentes destinados en Rota realizaron una operación antidroga en Gibraltar en 1993), hasta ahora carecía de cobertura legal para actuar fuera de las bases o sobre personas distintas a los propios marineros estadounidenses.

Esta agencia, que cuenta con 1.600 agentes y dirige un civil pese a su carácter militar, es a la vez un servicio investigación policial, un centro de contrainteligencia y una unidad de proteccíón, lo que resulta difícilmente encajable en el marco legal español.

La actuación de estos servicios, que recopilarán información sobre posibles atentados contra las fuerzas norteamericanas, se completará con un acuerdo sobre normas y procedimientos de protección, centrado en las visitas de buques y aeronaves de EE UU, que ya está acordado y en breve firmarán los dos departamentos de Defensa. Tampoco pasará por el Parlamento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de abril de 2002