La ministra de Educación, Pilar del Castillo, dejó ayer una puerta abierta para que la Ley de Calidad reconozca la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años, un tramo educativo no obligatorio. Algunas organizaciones, como CC OO, denuncian que 'esta medida provocará que se destinen más fondos públicos a financiar los centros privados, porque habría que pagar la educación de todos los niños que ya estudian en la concertada, sin diferenciar entre la de élite y la que cubre una función social'.
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La gratuidad de la educación infantil es una reivindicación histórica de la red concertada, y las organizaciones que la representan se han indignado al no verla incluida en el borrador de la Ley de Calidad. Del Castillo aclaró ayer que, en cualquier caso, esta etapa educativa seguirá teniendo 'carácter voluntario'. Algunas comunidades ya han concertado centros de infantil, pero mediante convenios de un tiempo limitado, ya que la ley en vigor señala que los conciertos serán exclusivos de las etapas obligatorias. Actualmente están concertadas la primaria y la ESO.
A pesar del anuncio de la ministra, el presidente de la patronal de los centros educativos católicos EyG, Néstor Ferrera, pidió al Gobierno que responda con 'hechos y no con mensajes de tranquilidad' y reiteró que no descartan protestas.
La presidenta de la confederación laica de padres (Ceapa), Eulalia Vaquero, dijo que extender la gratuidad a la etapa infantil es una 'deslealtad' con la escuela pública y con la demanda social que se dirige a estos centros. 'Es en la red pública donde se están rechazando todos los años muchos miles de solicitudes al no haber plazas', añadió Vaquero. Más del 90% de los niños de entre 3 y 6 años están escolarizados.
IU denunció 'el intento de la patronal católica de incrementar sus ingresos a costa del dinero público con la connivencia del PP'. Las comunidades gobernadas por el PSOE advirtieron que el ministerio está obligado a dar una financiación específica a esta medida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de abril de 2002