La asociación judicial moderada Francisco de Vitoria ha sido la primera en criticar, desde fuera del Consejo General del Poder Judicial -del que no forma parte ninguno de sus asociados-, los aspectos jurídicos del anteproyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos del PP.
La asociación que preside Carlos Granados, magistrado de la Sala Penal del Supremo y ex fiscal general del Estado, cree 'objetable' que la disolución de un partido se atribuya a una Sala Especial del Supremo, un 'pleno simbólico'.
Cuando la disolución sea por vulneración del funcionamiento democrático, la asociación Francisco de Vitoria cree que la decisión debería atribuirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y cuando la disolución sea porque el partido no respeta los principios democráticos y los valores constitucionales, estima que debería decidir el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la legitimación para instar la disolución, esta asociación cree que debe atribuirse 'única y exclusivamente al Ministerio Fiscal'. Opina, en cambio, que el Gobierno, 50 diputados o 50 senadores no son 'los más indicados para promover un procedimiento que podría obedecer a ocultos deseos de ocupar el espacio electoral del partido demandado'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de abril de 2002