El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sentenciado que el Gobierno autónomo es competente para autorizar la contratación de servicios de vigilancia con armas en el ámbito de la comunidad autónoma, competencia que fue impugnada y recurrida judicialmente por la Administración del Estado, según señala el fallo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de abril de 2002