Unió de Pagesos (UP) reclamó ayer al Gobierno catalán el máximo desarrollo y despliegue de la Ley de Orientación Agraria, aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado mes de diciembre, como eje para el desarrollo de una nueva política agraria que cubra las necesidades de los agricultores y garantice la viabilidad de la actual estructura de explotación agrícola con medidas concretas como el fomento y la planificación de regadíos. Así lo plasmó la llamada Declaración de la Terra Alta, que el sindicato aprobó ayer en la clausura de su VIII asamblea, celebrada en Gandesa (Terra Alta) con la presencia de un millar largo de personas.
Tras la llamada del pasado sábado a modificar los criterios de reparto de las ayudas comunitarias a la actividad agrícola para beneficiar a los agricultores en detrimento de los grandes terratenientes, los dirigentes del sindicato agrario mayoritario en Cataluña desplazaron el debate hasta las políticas concretas. Así, expusieron propuestas para afrontar una nueva política agraria que dote al agricultor de una función social reconocida social y económicamente, ante la amenaza que supone para la estabilidad del sector la reforma de la Política Agraria Común, la ampliación de la Unión Europea al Este y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
El coordinador nacional de UP, Joan Caball, puso sobre la mesa la necesidad de 'garantizar la rentabilidad y asegurar la viabilidad de las explotaciones' con medidas como el fomento de los regadíos. Caball pidió a la Generalitat la participación del sindicato en el debate sobre el Plan Nacional de Regadíos de Cataluña, que el Gobierno debe presentar antes de junio. UP reclamó la necesidad de regular y dirigir hacia el mundo agrario las políticas de investigación y desarrollo e impulsar el reciclaje de profesionales agrarios
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de abril de 2002