La detención del empresario Pedro Carmona en una base militar anticipa otras muchas, así como relevos y purgas entre los cuerpos de seguridad y los jefes militares que secundaron el interinato del empresario aceitero. Varios jefes y oficiales, también arrestados, acompañan al titular de la desaparecida Administración provisional. El número de personas apresadas, la mayoría militares, supera los cien, según confirmó Diosdado Cabello, vicepresidente del Gobierno. Los generales, coroneles y oficiales inculpados en la insurrección del jueves afrontan cargos de rebelión militar y conspiración.
MÁS INFORMACIÓN
- Editorial:: Elecciones urgentes
- Participación:: Los lectores opinan
- Claves:: Tres años de cambios y tensión
- Chávez negó por fax su renuncia con la complicidad de un soldado
- El Ejército venezolano devuelve el poder a Chávez 48 horas después del golpe
- '¡Que vuelven los de siempre!'
- El 'número dos' de Chávez, presidente de Venezuela tras renunciar Carmona
- Carmona asume la presidencia de Venezuela y promete elecciones en un año
- Piqué califica la vuelta de Chávez de 'oportunidad para la democracia'
- Chávez detiene a varios militares implicados en el golpe del viernes
- El Supremo aplaza la decisión de juzgar a cuatro golpistas en medio de fuertes protestas
- Al menos tres heridos durante dos protestas distintas en Caracas
La fractura en las Fuerzas Armadas es un hecho, según evidenciaron los pronunciamientos de varios jefes castrenses, comunicados a sus mandos naturales, contra la asunción del poder por Carmona. Otros lo refrendaron. Probablemente deberá encontrarse una solución de compromiso para impedir una mayor inestabilidad en las armas, tan divididas como el resto de sus compatriotas.
Las detenciones alcanzan también a la DISIP, la policía política, también dividida durante los hechos del jueves y la reacción del sábado. Su dirección será acusada, entre otros cargos, de atropellar y detener ilegalmente a ministros, diputados y militantes gubernamentales durante las redadas del viernes. Grupos de derechos humanos denunciaron la existencia de atropellos, condenados por los sectores más moderados de la oposición al Gobierno de Chávez. El odio trataba de linchar a los detenidos durante su traslado a comisaría.
Pese a que el presidente descartó venganzas, las detenciones proseguían ayer. El extremismo oficialista también exige mano dura y menos contemplaciones. "Aquí no habrá ninguna cacería de brujas. No vengo con ánimos revanchistas. No, aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropello ni abusos", prometió. "Yo no fui maltratado para nada". Gustavo Ponce, jefe político del Movimiento Quinta República (MVR), con mayoría en el Congreso, pidió no andarse por las ramas.
Portavoces de la oposición pidieron que fueran igualmente apresados los grupos de personas que saquearon comercios y domicilios durante las violentas manifestaciones del sábado. Anoche no había datos sobre detenciones en el seno de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el principal sindicato de trabajadores, cuyo titular, Carlos Ortega, llamó asesino a Chávez.
Las fuentes oficiales consultadas por este corresponsal anticiparon que se efectuará una profunda investigación para tratar de demostrar que algunos de los muertos del jueves frente al palacio de Miraflores, durante los hechos que desencadenaron la detención del presidente venezolano, eran bolivarianos, víctimas de francotiradores de la oposición. "Uno portaba una credencial del Chacao [municipalidad controlada por la oposición]", afirmó Marisela Arévalo, coronel de la Fuerza Aérea.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de abril de 2002