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Los funcionarios de Cataluña con hijos menores de un año podrán reducir la jornada sin perder el salario

A partir del 1 de mayo, los funcionarios catalanes con hijos menores de un año podrán pedir la reducción de un tercio de su jornada laboral sin que ello les suponga ningún recorte salarial. Así lo estipula la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral aprobada por unanimidad ayer en el Parlamento de Cataluña que también permitirá reducir la jornada cobrando el 80% del salario a quienes tengan un familiar discapacitado o un anciano con invalidez a su cargo. La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, espera que la medida también "sensibilice" a las empresas privadas e introducir esta medida en todos los sectores profesionales paulatinamente tal y como demandan los sindicatos UGT y CC OO.

Los destinatarios de la nueva Ley de Conciliación Familiar son los 205.000 funcionarios de la Administración local, la autonómica y las diputaciones provinciales catalanas. Aplicarla significará un desembolso económico suplementario de más de 20 millones de euros (3.328 millones de pesetas) anuales, que serán sufragados por la Seguridad Social a través de las diferentes administraciones implicadas.

Actualmente, los funcionarios ya podían solicitar la reducción de un tercio de jornada o de media jornada cobrando el 80% y el 66% respectivamente. Ahora se estimulará la reducción de un tercio de la jornada laboral al mantener la totalidad del salario durante el primer año de vida de cada hijo. Ello supondrá que, tras las 16 semanas de baja por maternidad que ya son habituales, los funcionarios que lo deseen -hombres y mujeres- podrán pedir otras 38 semanas de reducción de jornada sin ninguna reducción salarial.

También podrán acogerse a la medida los padres adoptivos. Asimismo, el proyecto amplía el permiso en casos de nacimiento de un hijo o de adopción a cinco días, y permite a las funcionarias ausentarse de su puesto de trabajo una hora diaria por lactancia mientras su hijo o hija tenga menos de nueve meses.

Todos los funcionarios que tengan a su cargo personas discapacitadas o con grandes dependencias podrán pedir una reducción de un tercio de la jornada cobrando el 80% de su salario durante un año. Si prefieren reducir la jornada a la mitad pasarán a cobrar el 66%. Este aspecto de la ley se incluyó en la misma tras las peticiones de los tres grupos de izquierdas en el Parlamento de Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de abril de 2002