Los Ejecutivos de Cataluña y Baleares se han sumado a las críticas ya expresadas a la reforma del paro elaborada por el Gobierno central. El consejero catalán de Trabajo, Lluís Franco, afirmó ayer: 'Nos oponemos totalmente a recortar las prestaciones de aquellas personas que más lo necesitan', y pidió diálogo para mejorar el documento, donde encuentra 'elementos preocupantes' como la ausencia de cobertura en los contratos de inserción.
El Gobierno balear aprobó ayer una declaración institucional en la que pide al Ministerio de Trabajo la retirada del proyecto de reforma laboral al 'suponer una regresión en los derechos de los trabajadores'. Asimismo, reclama un proceso de negociación con las comunidades autónomas y con los agentes sociales sobre los cambios necesarios para la mejora de la ocupación y el apoyo a los trabajadores en la búsqueda de trabajo. El Ejecutivo de Canarias reclama que se tengan en cuenta las peculiaridades del archipiélago y que 'no se criminalice' a los parados.
El sindicato vasco ELA-STV cree que la reforma recorta las prestaciones y 'acosa a los parados, a los que trata de sospechosos para que acepten cualquier trabajo'. Representantes de CC OO y UGT se reunirán la próxima semana para hacer una valoración conjunta del documento. Los líderes de ambas organizaciones, José María Fidalgo y Cándido Méndez, así como el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, que pide a las centrales una respuesta contundente, criticaron de nuevo la propuesta oficial, que a su juicio contiene recorte de derechos y 'medidas esperpénticas', como que el parado no pueda rechazar un empleo a menos de 50 kilómetros de su vivienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de abril de 2002