Las autoridades andorranas siguen dando pasos para quitarse la etiqueta de paraíso fiscal que tanto molesta a su Gobierno. El Ejecutivo que encabeza el primer ministro, Marc Forné, obligará a informar a los bancos de los cambios de divisas que la entidad considere de origen sospechoso, siempre que sobrepasen los 1.250 euros. En el caso de los comercios, están obligados a informar a las autoridades los que vendan artículos de gran valor, como piedras y metales preciosos, si el pago se hace en efectivo, pero sólo en importes superiores a 15.000 euros.
Con carácter general, se deberá informar a las autoridades de todas las operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. Estas exigencias figuran en un reglamento promulgado por el Ejecutivo andorrano que entrará en vigor a partir de hoy.
Fuentes jurídicas españolas instaladas en el pequeño país pirenaico dijeron que las autoridades han advertido de que la norma debe aplicarse de forma taxativa. La OCDE acaba de volver a colocar a Andorra dentro de la lista negra de paraísos fiscales.
La obligación de informar sobre el origen de los fondos sospechosos afecta a los bancos, compañías de seguros, asesores fiscales, agentes inmobilarios, notarios y casas de juego.
El reglamento regula los casos y la forma en que deberá hacerse la comunicación. Se pretende evitar así el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y del crimen organizado.
Las fuentes consultadas dicen que, pese a la obligación de informar sobre las operaciones de dudosa procedencia, se mantiene el secreto bancario. Las entidades financieras sólo darán información sobre sus clientes en el marco de un procedimiento judicial y con el visto bueno de un juez de primera instancia andorrano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002