La voluntad española de relanzar el proceso iniciado en Barcelona en 1995 para promover el acercamiento político, económico y social entre los Estados ribereños del Mediterráneo ha quedado reflejada en un plan de acción aprobado por consenso, pese al 'trasfondo de máxima tensión en la región' que, según la declaración final de la presidencia, ha enmarcado la V Conferencia Euromediterránea.
Las limitaciones del acuerdo alcanzado ayer en Valencia derivan de la complejidad de los problemas que enfrentan a algunos de los Estados vecinos con mayor diferencial de renta per cápita del mundo, pero, sobre todo, de las diferentes percepciones que árabes y europeos han desarrollado sobre el conflicto de Oriente Próximo, centro de todas las tensiones.
Estas diferencias explican en concreto que, pese a coincidir en la necesidad de lograr el alto el fuego y el repliegue inmediato de las fuerzas israelíes, los 25 países reunidos -Siria y Líbano boicotearon el encuentro- hayan disentido sobre lo que es terrorismo, un concepto que, para los árabes, no puede de ningún modo incluir las acciones de los palestinos.
Por ello, el contenido del plan de acción en este punto fundamental de la lucha antiterrorista es muy limitado: la declaración de Valencia reconoce el papel central de Naciones Unidas en esa batalla e invita a los países miembros a aplicar las resoluciones pertinentes del organismo internacional. No incluye, en cambio, ni una referencia a los instrumentos europeos más avanzados, como la orden de entrega inmediata o el reconocimiento mutuo de sentencias judiciales, desarrollados por la UE a partir de la definición común de terrorismo.
Los acuerdos más destacables son, en lo político, la creación de una asamblea de parlamentarios de los países miembros del proceso; en lo económico, la apertura de la línea de crédito cogestionada de modo estable que se aprobó en Barcelona el mes pasado, y en lo social, la constitución de una Fundación Euromediterránea para favorecer el diálogo entre civilizaciones. La presidencia española quiere que su sede sea única y que esté en España, según reveló ayer el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
Otra iniciativa orientada a reducir tensiones es la convocatoria en el año 2003 de una conferencia monográfica sobre inmigración. La Comisión Europea quería que esta conferencia ligara las concesiones de crédito comunitario al respeto de los derechos humanos, pero la presidencia española renunció a conseguirlo.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002