Canarias parece haber tomado el relevo del estrecho de Gibraltar y de las playas del sur peninsular como punto de llegada de los flujos de inmigración irregular que proceden del Magreb y del África subsahariana. Hasta ahora, la ruta canaria tenía un carácter alternativo a la más tradicional y accesible del Estrecho. Pero el mayor control por Marruecos de sus costas del norte, algo que el Gobierno español viene demandando desde hace tiempo, ha convertido a Canarias en el principal foco de presión de la inmigración irregular africana hacia España.
La reciente oleada de pateras arribadas a diversas playas de Fuerteventura y Lanzarote -cinco en una sola noche- demuestra, por si hiciera falta, que el aumento de riesgos no disuade de correrlos a quienes huyen de un presente desesperanzado y de miseria en sus países de origen. En la travesía dura y peligrosa -entre 80 y 100 kilómetros- que separa las costas del sur marroquí de las Canarias más cercanas dejaron su vida hace dos días 12 inmigrantes al estrellarse su embarcación contra una playa rocosa de Lanzarote. En una de estas lanchas, una inmigrante dio a luz durante la travesía. Como las aguas del Estrecho, la ruta marítima a Canarias amenaza con convertirse en una gigantesca y anónima tumba de personas sin fortuna en su afán por llegar a la tierra prometida.
Más allá del problema de fondo de la inmigración irregular, en cuya solución la Unión Europea quiere implicar a los países de origen bajo la advertencia de revisar a la baja los acuerdos de cooperación, la masiva llegada de inmigrantes a Canarias plantea de inmediato a España un problema humanitario de primer orden. Ese problema ya existe, pero no hará sino agravarse si las autoridades de inmigración no se muestran más diligentes que hasta ahora en poner en marcha una red de acogida adecuada.
La utilización de las antiguas instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura como centro de retención de inmigrantes, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, muestra que las autoridades de inmigración van muy por detrás del problema que tienen encima. Urge que los seis nuevos centros de retención y acogida en construcción entren en funcionamiento cuanto antes. Y es indispensable que la política de acogida disponga también de los servicios de salud de la autonomía canaria, a los que se ha mantenido al margen hasta el momento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de abril de 2002