La policía detuvo ayer en el País Vasco y Navarra a 12 miembros de Batasuna, entre ellos su tesorero, Jon Gorrotxategi, a los que acusa de pertenecer al entramado financiero de ETA. La operación, anunciada ayer en el diario Gara por Arnaldo Otegi, portavoz de la formación, está dirigida contra un grupo de empresas (unas 170) que genera beneficios anuales de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas), parte de los cuales sirven para "mantener a la militancia" de ETA y "de la izquierda aberzale", según el Ministerio del Interior.
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La operación del Cuerpo Nacional de Policía, dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, supone un golpe al entramado financiero de ETA, en el que los servicios antiterroristas "llevan más de tres años trabajando". Los investigadores dieron con la pista del entramado empresarial supuestamente vinculado a ETA en 1992, tras la detención de la cúpula etarra en un chalé de Bidart (Francia). El cerco comenzó a cerrarse en noviembre de 1996, al intervenirse en poder del dirigente de la banda Juan Luis Aguirre Lete (arrestado en Francia) un documento con instrucciones sobre la empresa Gadusmar.
La policía trazó a finales de 1998 un organigrama en el que figuraban unas 170 empresas (incluidas gestorías), que supuestamente integraban una red que se extendían por España, Francia, Colombia, Cuba, Panamá y Cabo Verde. Las empresas, sobre las que se comenzó a investigar a fondo en 1998, tenían un funcionamiento y una actividad "aparentemente regular" mediante el que lograban obtener "recursos destinados a mantener a la militancia de la organización terrorista y de la denominada izquierda abertzale", según informó ayer el Ministerio del Interior.
Las pesquisas llevaron a Garzón a ordenar la puesta en marcha ayer de la operación policial. Las detenciones se fueron sucediendo a partir del mediodía y, al cierre de esta edición los arrestados, todos miembros, cargos públicos o dirigentes de Batasuna, eran éstos: en Vizcaya, Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Gortazar, Jon Gorrotxategi Gorrotxategi (tesorero, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y supuesto gerente de la red, quien ya fue detenido en Francia con 200.000 euros en efectivo el pasado 23 de marzo), José Luis Franco Suárez y el abogado Ramón Zabala, cuya oficina fue registrada pasada la medianoche en Mungia; en Guipúzcoa, Enrique Alaña Kapanaga, Agustín María Rodríguez Burguete, Juan Ignacio Lizaso Arizaga, Idoia Arbelaiz Villaquiran, Vicente Enekotegi Ruiz de Azúa y Joseba Mikel Garmendia Albarracín, y en Navarra, Rufino Etxeberria Arbelaiz (ex miembro de la Mesa Nacional de HB) y Jaione Intxaurraga Uribarri.
Eludir la ilegalización
El entramado societario, según Interior, permitirá a ETA "eludir la financiación directa de sus estructuras" y evitaría a éstas "posibles causas de ilegalización si se demostrase su relación directa con la banda". Los investigadores creen que ETA controla así "a través de personas y empresas interpuestas, un amplio conjunto mercantil que estaría generando, según estimaciones de la propia ETA, un beneficio anual superior a los 12 millones de euros". La operación se completaría en las herriko tabernas (bares-sedes sociales de los radicales) y gestorías donde supuestamente ETA dispondría de mecanismos para el lavado de dinero.
Arnaldo Otegi se mostró ayer convencido de que en las próximas horas las detenciones podrían incrementarse "a lo largo y ancho de Euskal Herria" y calificó de "agresión" la operación. Otegi llamó a reaccionar con una "respuesta contundente" a través de concentraciones y movilizaciones. Y anunció una convocatoria de manifestación para el domingo en San Sebastián, bajo el lema "Stop al fascismo. Libertad para Euskal Herria".
El pasado domingo, la dirección de Batasuna había advertido de sus sospechas sobre la inminencia de una importante y "vasta operación policial-judicial" contra la formación política. En una comparecencia pública celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Usurbil (Guipúzcoa) gobernado por mayoría absoluta radical, la mitad de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna arropó a Otegi para reforzar la denuncia de la operación que se avecinaba. El dirigente radical advirtió de que ya estaba en marcha una "estrategia de guerra" ante la que pedía una respuesta a los sectores aberzales "desde la dignidad nacional". En la semana anterior, los dirigentes radicales habían denunciado que estaban siendo sometidos a un cerco policial. A través de su periódico afín, Gara, se quejaron de que las distintas sedes de Batasuna estaban siendo sometidas a una estrecha vigilancia. Y que varios vehículos de dirigentes radicales habían sido registrados mientras estaban estacionados en la calle.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de abril de 2002