Carlos Castresana, fiscal Anticorrupción, solicitó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las presuntas irregularidades cometidas en la transformación del Atlético de Madrid en sociedad anónima que rechace las alegaciones de nulidad planteadas por las defensas de los tres acusados, Jesús Gil, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo. Castresana señaló que los hechos que se juzgan en esta vista "no son los mismos" que los que fueron objeto de sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Málaga, y aseguró que el plazo de prescripción de los presuntos delitos es de diez años, y no de cinco como alegaban las defensas.
El fiscal admitió que en el denominado caso camisetas, que se juzgó en Málaga, se debatió la transformación del club de fútbol en sociedad anónima, pero sólo "como antecedente" de los presuntos delitos de los que se acusaba a Gil, la firma de contratos para que los jugadores de distintos equipos lucieran el nombre de la localidad malagueña en sus camisetas.
Antes del comienzo de la sesión, Gil declaró a los periodistas que el fiscal -al que calificó de "señor animal, burro y malnacido"- está "obsesionado con que el Atlético vaya a Segunda B".
Deuda de 97,5 millones
Por otra parte, Jesús Gil ha dejado a su sucesor en el Ayuntamiento de Marbella, una herencia difícil de resolver. Sus 11 años de mandato se han caracterizado, entre otras cosas, por el impago continuo a la Seguridad Social, a la que el Ayuntamiento de Marbella debe ya 97 millones y medio de euros (más de 16.200 millones de pesetas), según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo al diputado de IU por Málaga, José Luis Centella. Solo en los diez últimos meses el débito se ha visto incrementado en 1.389 millones de pesetas, a razón de 138 millones mensuales.
De esta cantidad, 61 millones de euros corresponden al ayuntamiento, 35 millones y medio a las sociedades municipales y el resto a los organismos autónomos. Sin embargo, el impago a la Seguridad Social no es más que la punta del iceberg. Según la última liquidación presupuestaria, el Ayuntamiento de Marbella tiene una deuda acreditada de 407, 7 millones de euros (70.000 millones de pesetas).
Según el diputado de IU, los datos de la Seguridad Social demuestran que el consistorio ha incumplido las indicaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en su informe fiscalizador, en el que detectó 65.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar, y en el que, asegura, recomendaba "controlar el gasto, rebajar la deuda en general y de forma especial con la Seguridad Social". Por ello pide que de manera "urgente" se determinen las responsabilidades en las que habría incurrido el Gobierno local.
Para Centella, "lo más grave" es que esta situación ha provocado el incremento de los impuestos municipales para compensar la falta de ayuda estatal, que retiene el Gobierno para deducirla de la deuda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de mayo de 2002