El Documento preparativo del Anteproyecto de Ley de Universidades entra en el vacío dejado por la eliminación de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU), conocidas popularmente como selectividad. El texto presentado ayer por Andreu Mas-Colell establece la posibilidad de que las universidades públicas ofrezcan un sistema común de selección de estudiantes para aquellos estudios en los que la oferta de plazas esté por debajo de la demanda, y este sistema no es otro que el viejo modelo de la selectividad.
Mas-Colell ha insistido en que el Gobierno de CiU no es partidario de que haya dos pruebas para entrar en la Universidad. La LOU deja a criterio de cada centro o facultad el sistema o examen de acceso, y la futura Ley de Calidad de la ministra Pilar del Castillo establece una prueba general de Bachillerato o reválida al final del bachillerato.
El consejero de Universidades insistió ayer en que el objetivo de la Generalitat es 'evitar un sistema con dos pruebas', y aseguró que su departamento está trabajando con el de Enseñanza para intentar que la futura prueba de reválida sirva, además de para evaluar la madurez del alumno, para establecer un baremo similar al de las actuales pruebas de selectividad.
En cualquier caso, el borrador de la ley catalana es claro a la hora de delimitar el tipo de prueba que determinará el acceso a la Universidad cuando sea necesario. Establece que 'los procesos selectivos, que tendrán en cuenta la oferta de plazas disponibles, tienen que ser transparentes , objetivos y anónimos', con lo que descarta las pruebas individualizadas y las entrevistas personales. También apunta que el sistema universitario catalán 'ofrecerá un proceso global de acceso que respete la autonomía universitaria'.
Mas-Colell fue ayer más preciso y aseguró que la ley 'establecerá no la necesidad, pero sí la posibilidad de constituir, voluntariamente y en los casos que sea necesario, un sistema de acceso similar a la selectividad actual, con adaptaciones para obtener un mejor ajuste de estudiantes y plazas, pero manteniendo el principio de un tratamiento igual, objetivo y anónimo porque sólo el mérito y la capacidad deben contar'.
El titular de Universidades reconoció que la Generalitat no puede obligar a nada, pero que el proyecto de ley simplemente abre la posibilidad 'a que todas las universidades participen en un proceso voluntario y de coordinación en la organización del acceso'. Las universidades se muestran de acuerdo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de mayo de 2002