En los tres días que duró la cumbre europea de Barcelona, entre el 14 y el 16 de marzo, la policía detuvo a 98 personas en las diferentes protestas que hubo en la ciudad en contra de la globalización económica. Los cargos contra ellos eran los clásicos de estos casos: desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, lesiones, manifestación ilegal y hasta tenencia de explosivos. El fiscal llegó a pedir penas de hasta seis años de cárcel para algún joven, pero 50 días después la espuma de esas cifras ya se ha evaporado.
Una tercera parte de los 98 detenidos quedaron exculpados después de pasar por comisaría o sin necesidad de declarar siquiera ante el juez de guardia. De los 65 restantes que fueron a juicio, 24 ya han sido absueltos por falta de pruebas -en 17 casos fue el propio fiscal quien retiró los cargos- y sólo se han dictado nueve condenas. La más elevada es de 10 meses de prisión para un joven que arrojó adoquines a la policía. Las otras dos son de seis meses de prisión para dos chicas por desórdenes públicos, también por arrojar tornillos a una furgoneta policial. El resto son penas leves de arresto de fin de semana, como las impuestas a las tres personas que se encadenaron a la portería del Camp Nou durante el partido de fútbol entre el Barça y el Madrid del 16 de marzo y a los otros tres espontáneos que saltaron al césped con pancartas a favor del traslado de los presos de ETA.
MÁS INFORMACIÓN
Sólo quedan cuatro personas pendientes de juicio, entre ellos un acusado de llevar un cóctel mólotov, pero entre diversas fuentes judiciales predomina la sensación de que no se alterará esta tónica y las sentencias o serán absolutorias o recogerán penas mínimas.
Así las cosas, surge la duda, una vez más, de si las detenciones estaban o no justificadas. Fidel Sánchez, abogado de una veintena de detenidos, opina que 'los hechos han demostrado que las detenciones fueron injustificadas y que los atestados policiales eran incompletos'. La consecuencia ha sido, añade el abogado, las sentencias absolutorias dictadas en la mayoría de los casos.
Atestados incompletos
Un portavoz del Ministerio del Interior admite sin ambages que 'lo deseable sería que la policía realizara sus atestados de la manera más completa posible', pero recuerda que en muchas ocasiones eso es prácticamente imposible por el escenario en el que suceden los hechos. La mayoría de las detenciones realizadas durante la cumbre fueron precedidas de enfrentamientos entre manifestantes y policías durante la noche y eso dificulta la identificación de un acusado, que acostumbra a llevar la cara cubierta. 'La policía detiene cuando puede y a veces no puede hasta que ha pasado un tiempo y se ha seguido al sospechoso a una zona alejada del lugar de los hechos', afirma el mismo portavoz de Interior.
Eso comporta, a la hora del juicio, imprecisiones sobre la ubicación exacta del acusado cuando se produjo la detención y sobre qué hizo. Y eso que en estos casos se ha aplicado la justicia rápida y es más fácil que los testigos recuerden lo ocurrido por la proximidad entre el juicio y los hechos. La táctica de manual de los abogados es evidenciar las contradicciones entre lo que dice la policía que ocurrió y lo que relatan otros testigos, de forma que en muchas ocasiones no queda claro que quien se sienta en el banquillo cometiera los disturbios de los que se le acusa. Y si hay dudas, el juez absuelve.
Joaquim Bayo, juez decano de Barcelona, reconoce que estos casos presentan una dificultad evidente de pruebas inculpatorias y muchas vecess no existe más que la palabra del policía. Los abogados, sin embargo, tienen otra visión. 'El problema es que muchas veces la policía detiene al tuntún y pensando que 'algo habrá hecho' quien pase por allí en ese momento. Pero eso no se aguanta luego ante un juez', asegura el letrado Jaume Asens.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002