Las críticas a la ley de ordenación del territorio (LOT), que ya lleva tres meses y medio en la mesa del Consell sin que el pleno se decida a enviarla a las Cortes Valencianas para su tramitación parlamentaria, provienen desde ambos flancos. El de algunos poderosos promotores, porque consideran que pone un freno al sector de la construcción y del turismo, los más boyantes en un litoral cada vez más escaso y apetitoso. El de los ecologistas, porque la consideran demasiado permisiva con los intereses especulativos. Pero lo que más indigna tanto a Acció Ecologista Agró como a Ecologistas en Acción es que creen que no hace falta otra ley, sino que la existente ya es suficientemente buena, sólo que nunca se ha aplicado con rigor y nunca se ha redactado un modelo territorial definitivo.
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Haga o no haga falta, llega con retraso. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ya prometió la rápida aprobación de una nueva ley en otoño de 1998. Tras varios borradores y dos anteproyectos, ya ha dejado pasar tres años y medio, y todo apunta a que no estará aprobada hasta después de verano.
Aún más retraso lleva el modelo territorial. La antigua pero vigente Ley 6/89 de Ordenación Territorial otorgaba tres años para elaborarlo. Casi ha pasado una década desde que caducó dicho plazo y la Comunidad sigue creciendo sin una intención concreta. Más de la mitad de este retraso figura en el debe del PP, en el poder desde 1995, que ya en noviembre de 1996 adjudicó a una consultora, por 1,65 millones de euros (275 millones de pesetas), la redacción de dicho documento.
Poco o nada se ha sabido de ese tema hasta que, años después, el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, se decidió a finalizar el trabajo inacabado por sus predecesores. La ley, ya conocida, desentrañada y criticada por la oposición y sectores de la sociedad civil, la envió al Cosell en enero, y ya cuenta con los informes favorables del Comité Económico y Social y del Consejo Jurídico Consultivo. El modelo, todavía una incógnita de la que apenas se conocen algunos flecos, está también listo para su presentación en sociedad.
Como es lógico, una ley y un modelo que no hicieran hincapié en la costa, se quedarían cojos, ya que es una percepción generalizada que el litoral valenciano casi se ha convertido en un frontón de cemento.
Captado el mensaje y asumido como propio, tanto Zaplana como García Antón han manifestado que ley y modelo bloquearán la clasificación de suelo en la costa y pondrán freno a la caótica situación. Éste punto fue el que más contrarió a los promotores. Oficialmente, dada la firmeza de García Antón y aceptando el criterio de sostenibilidad, decidieron no oponerse a la ley. Ni pusieron alegaciones. Pero un pequeño grupo de constructores y hosteleros, con poderosos intereses en el litoral, ha presionado para dilatar la aprobación de la norma y rebajar su alcance hasta que sus proyectos salgan adelante.
Pese a todo, apuntan los ecologistas, la ley sólo prohíbe reclasificar una franja costera de 500 metros 'de forma transitoria', hasta que un estudio, el Plan de Acción Territorial Integral del Litoral establezca 'las directrices vinculantes de ocupación, uso y protección' de ese suelo, el más disputado. Es decir, hoy por hoy la ley sólo es una moratoria de construcción en la costa. Y el futuro podrá ser, según decida el Consell, tan restrictivo como para dejar intacta la poca costa virgen que queda y restaurar aquella que todavía no esté ocupada irreversiblemente, o, por el contrario, tan permisivo como para repetir el modelo imperante bajo el criterio de que no hay que frenar el turismo, sector económico de primer orden.
Otra de las críticas más aceradas, desde el sector ecologista, se centra en que la ley ni siquiera aconseja revertir planeamientos urbanísticos que condenan al cemento zonas vírgenes pero aún no consolidadas. Planes generales aprobados a la carrera, según los ecologistas y la oposición, por los municipios, 'alertados' por la inminencia de una ley restrictiva que nunca acababa de llegar y que en muchos casos 'ha dado tiempo de sobra' para consolidar proyectos.
Desde Ecologistas en Acción explican que la ley de 1989 era categórica en la protección del territorio. Y unida a la Ley 4/92 del Suelo No Urbanizable impedía construir, por ejemplo, en humedales costeros. La nueva ley, que deroga ambas, 'es más lábil y abierta a interpretaciones, y permite 'mediante estudios de impacto ad hoc, que ya se sabe como se hacen', construir en humedales, zonas inundables y hasta en suelo no urbanizable protegido, algo impensable con la ley vigente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002