Un amplio sector del PP está desconcertado por la posibilidad de que el Gobierno de José María Aznar esté dispuesto a romper su imagen de componedor de paz social a cambio de una reforma de las prestaciones del seguro de desempleo que no cree urgente para el desarrollo de los planes económicos de La Moncloa.
El PP ha considerado hasta ahora que el entendimiento con los sindicatos era una prioridad en su diseño político, una de sus señas de identidad desde que llegaron al poder, y parte del aparato no entiende que se ponga en peligro una tradición que ha sido básica para alcanzar la mayoría absoluta. Más todavía cuando la campaña de las municipales está a la vuelta de la esquina.
La posibilidad de una huelga general se analiza en el PP desde el punto de vista de los intereses de los tres candidatos: el más perjudicado sería Rodrigo Rato
Además, y dado que la carrera por la sucesión de Aznar sigue abierta, la posibilidad de una huelga general se analiza también de acuerdo con los intereses de cada candidato. Algunos opinan que un enfrentamiento perjudicaría sobre todo a Rodrigo Rato, porque, aunque no sea de su estricta competencia, la opinión pública le identifica más con los temas laborales que al ministro del Interior, Mariano Rajoy, o a Jaime Mayor Oreja.
Buena parte del aparato popular confía en que se evite el choque, aunque no tiene dudas de dónde se tomará la decisión final: La Moncloa.
'Si hay huelga será porque los sindicatos se empeñen y no porque el Gobierno se niegue a negociar. Éste no es el momento de echar un pulso con sindicatos', asegura un cargo de la dirección del partido. Los populares niegan también que la ansiedad que parece haber entrado al presidente del Gobierno para dejar cerrados, deprisa y corriendo, muchos temas polémicos antes de abandonar La Moncloa, esté empezando a preocupar en algunos sectores del partido.
Los socialistas, por su parte, anuncian cinco propuestas de ley que llevarán al Parlamento en las próximas semanas, y agitan los datos que parecen favorecer a los sindicatos en su pelea con el gobierno: el Inem tiene en estos momentos un superávit de más de 2.000 millones de euros. Los salarios de tramitación que se pretende suprimir para aligerar las cargas de los empresarios ya no son abonados por éstos en su mayor parte (pagan 60 días de una media de 4,5 meses), sino por el Ministerio de Justicia, que admite ser responsable de esa lentitud. Sería extraño, dicen los sindicatos, hacer pagar a los trabajadores un caos funcionarial del que no son responsables.
La falta de correspondencia entre oferta y demanda laboral existe, pero no se puede resolver manu militari. Se creará un gran malestar social, advierten las centrales, si un administrativo de 50 años despedido en un banco tiene que aceptar un puesto de temporada como camarero en la costa, bajo amenaza de perder un subsidio por el que ha estado cotizando durante 30 años.
18 leyes de una tacada
Las prisas del presidente Aznar por cerrar rápidamente, antes de acabar su mandato, todos los capítulos relacionados con el mundo financiero y laboral que estén abiertos está despertando alguna perplejidad en otros medios políticos y económicos.
La mayor preocupación la despierta el llamado proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, que se encuentra en el Congreso. Según la diputada socialista Maite Costa, que defendió esta semana una enmienda a la totalidad, el proyecto es un cajón de sastre que modifica aspectos parciales nada menos que de otras 18 leyes en vigor. Además, el preceptivo informe del Consejo de Estado ha sido muy crítico, hasta el extremo de afirmar que las prerrogativas que se conceden al ministro de Economía pueden ser insconstitucionales.
Lo que más preocupa en el mundo financiero es el alcance que tendrán las enmiendas sobre el funcionamiento de las cajas de ahorro. Curiosamente, el proyecyo de ley no habla de las cajas, que suponen casi la mitad del sistema financiero español, pero pretende cambiar su regulación a través de unas enmiendas que presentará el propio PP. El extraño sistema, que permite hurtar parte del debate parlamentario, ya ha sido utilizado con éxito por el Gobierno en otras ocasiones.
La gran duda es si las enmiendas incluirán la obligación de que los directivos de las cajas se jubilen a los 70 años, lo que supondría retirar al presidente de la Caixa, próxima a CiU, y al de la Caja de Cataluña, próxima al PSC. '¿Es el próximo paso del PP expulsar de los órganos directivos de las cajas a los actuales responsables para colocar a personas próximas al Gobierno? ¿Tienen algún interés por alguna caja en particular?', ironizaba Costa. Soplan malos vientos, añadía, aludiendo a los pretendidos intereses del PP en la fusión del BBVA.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002