La anulación por los tribunales de un decreto del Gobierno mexicano que ampliaba la participación privada en el sistema eléctrico ha causado inquietud en las empresas, pero no afectará a las inversiones que eléctricas españolas tienen en el país. Iberdrola y Fenosa siguen con sus planes, y sus inversiones alcanzarán, en tres años, los 6.500 millones de euros. El partido en el Gobierno, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), estudia un proyecto de reforma constitucional para abrir el sector.
La anulación no perturba los planes de Iberdrola y Fenosa, que en tres años invertirán en México 6.500 millones de euros
La anulación por la Suprema Corte de Justicia de un decreto presidencial que ampliaba sustancialmente el espacio de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica en México mantiene el actual monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que desanimará el crecimiento de la inversión, e impedirá la modernización de un sector que requiere cuantiosas inversiones para atender las demandas de energía derivadas del crecimiento económico. Estas advertencias, efectuadas por portavoces empresariales, no son compartidas por el tribunal, que consideró inconstitucional un decreto del presidente del Gobierno, Vicente Fox, emitido el pasado año. El Ejecutivo recurrió al atajo al no contar con mayoría en el Congreso para enmendar la Carta Magna.
El Estado se reserva la facultad de generar y distribuir la energía eléctrica, aunque aceptó, a partir de la ley de 1992, fundamentalmente, la progresiva entrada del capital privado en el autoconsumo, y la firma de contratos de producción con empresas extranjeras. Empresas locales y extranjeras que proyectaban invertir cerca de 3.000 millones de dólares, entre ellas Electricité de France e Intergen, revisan los planes al sentirse dañadas por la anulación, según declaró Cyntia Angulo, portavoz en México de la compañía gala. El fallo no afectará a los 20.000 millones de dólares de capital privado ya comprometidos, según datos del jefe de Gobierno, muy rebajados por cálculos privados, pero perjudicará más a las pequeñas y medianas empresas de generación compartida, a las que se cierra el paso a la venta de excedentes a la estatal CFE. El resto continuará aprovechando el espacio disponible.
La vía de las subastas
Las españolas Iberdrola y Fenosa, según sus ejecutivos, siguen con sus planes, y sus inversiones alcanzarán, en tres años, los 6.500 millones de euros. Por medio de subastas, los españoles y otros inversores extranjeros construyen plantas, y la CFE les compra, por contrato, la energía producida durante 25 años; otra modalidad es el abastecimiento. Endesa tiene cuatro plantas pequeñas, en régimen de generación compartida.
La reacción de los empresarios locales fue contraria a la sentencia de un tribunal, considerado un apéndice del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante los 71 años en que fue régimen. 'Qué pena que haya gente con una visión tan corta. Ese fallo no favorecerá a México', lamentó Javier Prieto, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El decreto de Fox, que el presidente de la Suprema Corte llamó 'auténtico fraude a la ley' porque se presentó como constitucional, hubiera permitido a las plantas privadas de generación eléctrica vender sus excedentes al Estado, sin licitación y sin un tope determinado. La meta era atraer inversión en generación compartida y para el autoconsumo. Muchos mexicanos, y los escaños nacionalistas de la oposición en el Congreso, equiparan el sector con soberanía, y rechazan su privatización.
La apertura de México fue impulsada, en buena medida, por el Tratado de Libre Comercio de 1994, con Estados Unidos y Canadá, que autoriza a empresas de los tres países a adquirir, establecer u operar plantas generadoras.
Pero la privatización a fondo es harina de otro costal, y obligará a enmiendas en la Carta Magna. El senador priísta Manuel Bartlett dijo que la resolución del pasado 23 de marzo es histórica porque resuelve la primera controversia planteada por el legislativo, con fecha 27 de junio del año 2001, contra el Ejecutivo, al que se acusó de suplantar facultades y asumir competencias no establecidas en la Constitución.
El partido de Fox, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), estudia presentar un proyecto de reforma constitucional para abrir el sector y evitar los protestados decretos presidenciales. 'El país tiene un marco legal absolutamente obsoleto, corresponde todavía a una visión impuesta por una mentalidad socialista, estatista, que ha fracasado en todas las partes del mundo', declaró su presidente, Luis Felipe Bravo Mena.
Aumenta la demanda
Los especialistas advierten que conforme crezca la economía nacional se originará una mayor demanda de energía eléctrica que, finalmente, no podrá ser atendida por la capacidad instalada. Los partidos defienden la necesidad de reestructurar el sector pero no se ponen de acuerdo sobre las modalidades del abasto. Algunas posiciones exhiben una fuerte carga ideológica, que choca con los postulados tecnócratas de las tres últimas administraciones: Carlos Salinas de Gortari (PRI, 1988-1994) Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000) y Vicente Fox.
La demanda de energía crece más rápidamente que el PIB y que la población de México, que ronda los cien millones de habitantes. El consumo per cápita ha aumentado 15 veces en menos de medio siglo, y no pocas centrales son obsoletas o tienen instalaciones precarias. La capacidad instalada en el año 2001 era de 36.697 megavatios, y en 10 años deberá agregar 27.357 megavatios más. Cerca de 100.000 usuarios, el 1% del total pero con el 40% de los ingresos del sector, consumen el 60% de la energía producida en todo México.
Tremendista, el ministro de Agricultura, Javier Usabiaga, advirtió que habrá problemas en un plazo no mayor de cuatro años: 'Se va a ver en tres o cuatro años; van a ver apagones en su ciudad, ya no van a poder ver las telenovelas y nosotros vamos a tener que invertir en plantas para las cadenas de envío, vamos a tener que hacer muchas cosas'. En la práctica, según Rubén Flores, miembro de la gubernamental Comisión Reguladora de Energía, el fallo judicial no afecta a ningún proyecto con permiso del organismo, pues todos operan con el esquema legal previo, y muy pocos tienen la capacidad real de vender excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002