Liquidez para tres meses y ni un euro más. El ultimátum lanzado esta misma semana por el consejero delegado del SCH, en relación con su filial Banco Río de la Plata, es un fiel reflejo de la creciente asunción por algunas empresas españolas de la necesidad de poner fin, incluso cerrando negocios y perdiendo inversiones realizadas, a la sangría que en sus cuentas está suponiendo la factura argentina. Unos 9.800 millones de euros en 2001, estimados con un cambio de 1,7 pesos por dólar, y cerca de 1.500 millones en lo que va de año con un canje que supera los tres pesos por dólar. La paciencia se agota y varias compañías, de las 400 españolas instaladas en Argentina, han emprendido ya, caso de Campofrío o Adolfo Domínguez, la retirada total o parcial.
Congelación de inversiones y primeras deserciones de empresas españolas ante la inacabable quiebra del país austral
Repsol YPF es la más golpeada por el Estado argentino, pese a haber contribuido al canje de su deuda con un pago anticipado de impuestos
Grupos que no operan en Argentina, como La Caixa, están afectados por la crisis a través de sus participaciones empresariales
En Argentina cambian los gobiernos, los ministros de Economía y los planes de saneamiento con inusitada frecuencia, pero la crisis no se cierra, y la hemorragia de pérdidas para las empresas españolas, tampoco. Las primeras decisiones formales de desinvertir en Argentina y asumir pérdidas, minoritarias todavía, coinciden en estos días con las últimas juntas generales de accionistas para la aprobación de las cuentas de 2001, que han registrado una caída de beneficios en el conjunto de las empresas cotizadas superior al 13%, y con la difusión de los primeros y magros resultados del primer trimestre de 2002.
Todo es susceptible de empeorar y también la factura argentina, como ha puesto de manifiesto Endesa, la crisis del país austral se ha llevado por delante casi mil millones de euros (entre provisiones extraordinarias, caída de recurso propios y del beneficio neto y costes financieros por diferencias de cambio) en sus cuentas de enero a marzo, o el citado SCH, que ha tenido prácticamente unos resultados planos en igual periodo. Recoletos también se ha visto forzada a realizar ahora una aportación extraordinaria adicional de 15 millones de euros. Y para los próximos días las sorpresas pueden ser aún más fuertes, según los analistas, con la presentación de los resultados del trimestre por parte de BBVA, y sobre todo de Telefónica, para quien Merrill Lynch anticipa una reducción de beneficios de más del 93% por sus inversiones en UMTS y en Argentina. La situación ya ha deparado algunas suspensiones de pagos en empresas participadas por capital español como Metrogas, la compañía que distribuye gas en Buenos Aires y que está participada por Repsol YPF, o Aguas Argentinas, en la que la catalana Aguas de Barcelona posee el 25% del capital.
La alerta en las empresas españolas es máxima, pero la mayoría se resiste a tirar la toalla por estar muy atrapadas en Argentina, como es el caso de Repsol YPF (casi la mitad de su beneficio operativo procede del país austral), aunque las agencias internacionales empeoren la calificación de sus riesgos, las bolsas castiguen sus cotizaciones y algunos accionistas minoritarios comiencen a pedir responsabilidades y cabezas en las juntas generales de las sociedades (en la de la petrolera hispanoargentina se llegó a votar, hace quince días, la continuidad de su presidente y del equipo gestor).
El envite es tan grande -en la década de los noventa el 27,7% de las inversiones españolas en el exterior se dirigieron a Argentina (unos 45.000 millones de euros)- que no es fácil salir de allí e incluso, en muchos casos, es obligado seguir echando dinero para intentar salvar los muebles. El BBVA, por ejemplo, ha anunciado en abril la concesión de un crédito de 150 millones de dólares (unos 171 millones de euros) a su filial argentina BBVA Banco Francés, y unos días antes, junto al SCH, suscribió un acuerdo para participar en el plan de rescate del Banco de Galicia y adquirir parte de la cartera de deuda de este banco argentino por 42 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).
Con la excepción del SCH, que acaba de anunciar que no pondrá un euro más en el pozo sin fondo argentino en tanto no se reinstaure en el país 'un sistema financiero viable y rentable', las mayores compañías españolas se muestran más cautas en público. Exigen también un marco estable y seguridad jurídica para sus intereses en Argentina, pero hacen votos públicos, al tiempo, sobre el carácter estratégico y estable de sus inversiones en este mercado y sobre su disposición a 'seguir ayudando' a las autoridades argentinas para afrontar una salida a la crisis.
Un discurso de palo y zanahoria parecido al adoptado por el Gobierno Aznar en los últimos meses. A principios de abril, arropado por la presidencia semestral de la Unión Europea, volvió a dirigirse al Ejecutivo de Eduardo Duhalde para recomendarle que diseñe con urgencia un plan de viabilidad 'creíble' que ayude a recuperar la confianza de los inversores internacionales, condicionando el apoyo del bloque europeo a Argentina a la adopción de estas medidas. Unos meses antes, el titular de Exteriores, Josep Piqué, anticipó esta exigencia y se permitió refrescar la memoria a los argentinos en suelo argentino, ante las crecientes acusaciones de expolio por parte de algunos sectores hacia las empresas españolas: 'En el blindaje de la deuda' , 'nos comprometimos a aportar más de 1.000 millones de dólares; se han desembolsado ya 840 millones y ha habido además aportaciones privadas: el 60% del megacanje ha corrido a cargo de entidades y empresas españolas que han hecho anticipos al Estado argentino por pago de impuestos'.
Lista de damnificados
Repsol YPF fue una de las empresas que aceptaron adelantar el pago de impuestos, lo que a la postre no le ha evitado el convertirse en víctima propiciatoria de la voracidad recaudatoria del Ejecutivo de Duhalde. Apremiado por la explosiva situación social que vive Argentina tras cuatro años de recesión y por las exigencias de un drástico recorte del gasto público por parte del FMI, ha creado un impuesto del 20% sobre las exportaciones de petróleo. Además, como el resto de las empresas instaladas en ese mercado, la petrolera se ha visto penalizada por la devaluación del peso, las restricciones bancarias y la congelación y conversión a pesos de las tarifas por prestaciones de servicios públicos por parte de operadores privados.
Telefónica, Endesa, Gas Natural, y los dos mayores bancos españoles, SCH y BBVA, especialmente afectados por la conversiones de créditos concedidos en dólares a pesos y por las limitaciones operativas derivadas del corralito y las suspensiones periódicas y obligadas del funcionamiento de sus redes, son los grupos más golpeados por la crisis argentina en términos absolutos y relativos (este mercado aportaba en ejercicios recientes el 4% de los ingresos del BBVA, el 6% de los del SCH y el 50% de los beneficios de Repsol).
La lista de damnificados es mucho más larga y afecta, incluso, a entidades que no operan en Argentina, como La Caixa, que por el juego de participaciones cruzadas entre grupos (está en el capital de Repsol YPF, Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona), ha visto disminuir sus ingresos por estas inversiones y se ha visto obligada a destinar 40 millones de euros a provisiones para compensar el descalabro que la devaluación del peso pueda ocasionar en sus participadas.
Empresas cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas, se están lamiendo las heridas y reconsiderando su futuro en el país austral. 'Argentina nos está haciendo sufrir mucho', admitía recientemente el director general de Fagor, Pablo Mongelos. El grupo vasco, que cuenta desde 1999 con dos plantas de fabricación de lavadoras en aquel país, admite ahora que Argentina está en situación de 'mercado cero', que sus beneficios en 2001 han vuelto a caer en buena parte por dichas inversiones y que se ha visto obligada a inyectar seis millones de euros adicionales en sus plantas australes.
La situación para muchos se ha hecho insostenible. Las grandes, como Telefónica y Repsol YPF, han paralizado sus inversiones en este país, otras han empezado a desprenderse de forma ordenada de algunas de sus participaciones en Argentina. Adolfo Domínguez, por ejemplo, ha decidido cerrar dos de sus tres tiendas en el país, y Campofrío ya ha anunciado que se va y que busca un comprador para su filial Campo Austral, que registró el año pasado unas pérdidas por valor de 15 millones de euros. NH, que cuenta con siete hoteles en Argentina, ha decidido rescindir el contrato del Gran Hotel Tucumán, el único que no es de su propiedad.
Esperar y ver
La mayoría, hasta ahora, se encuentra en una actitud de 'esperar y ver qué pasa', en palabras de un ejecutivo de uno de los grupos afectados. No en vano compañías de servicios, como las concesionarias de autopistas Acesa y Aurea, o las filiales españolas de distribución de electricidad y gas, están renegociando sus contratos con el Ejecutivo argentino. Y la banca está enfrascada también en unas difíciles negociaciones con el equipo del nuevo ministro de Economía, Roberto Lavagna, que les propone ahora el denominado Plan Bono, que contempla la sustitución de los depósitos de los ahorradores bloqueados desde el pasado mes diciembre en el corralito por bonos. Pretende que los bancos garanticen estos bonos con parte de sus créditos y activos y que, eventualmente, devuelvan un porcentaje cercano al 10% en efectivo.
Todo ello, además, en el marco de las inacabables negociaciones del Gobierno argentino con el FMI, que impone duras exigencias fiscales y jurídicas para conceder nuevas ayudas al país, y con la espada de Damocles del vencimiento este mes de 554 millones de dólares (630 millones de euros) en vencimientos de deuda contraída con organismos multilaterales.
Suelta de lastre preventiva
Las vías de agua abiertas por Argentina en los buques insignia españoles pudieron ser mayores. Con la tormenta en la popa, en el último trimestre de 2001, se aprestaron a soltar lastre y a trasvasar mercancía al consignatario. En total, han salvado de la quema y repatriado unos 5.200 millones de euros. Repsol YPF, Telefónica, Endesa, Santander, BBVA y Gas Natural vendieron activos de sus filiales y engordaron sus dividendos a repartir en vísperas del estallido de la crisis que acabó con el Gobierno De la Rua. YPF, por ejemplo, aprobó el 29 de diciembre, sólo dos días antes de la instauración del corralito, la distribución de un dividendo anticipado de 787 millones de dólares, lo que le permitió a Repsol, que tiene el 99% de su capital, elevar los dividendos repartidos a 1.652 millones frente a los 317 millones del año 2000. Repsol también vendió, anticipándose a la crisis y a las restricciones económicas, el 13,9% de Edenor, por 195 millones de dólares, canjeó activos en Argentina por 850 millones de dólares (el grueso con la brasileña Petrobras) y suscribió en diciembre de 2001 un contrato de venta de crudo a largo plazo por el que cobró de forma anticipada 400 millones de dólares. Endesa vendió por 834 millones de dólares su participación en Edenor. La filial argentina de Telefónica, por su parte, distribuyó en 2001 dividendos por 300 millones de dólares y vendió su participación en Cablevisión por 1.000 millones de dólares (con un 25% de plusvalías).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002