Antes del verano, el Gobierno pretende dejar ultimada la reforma de las prestaciones por desempleo, a fin de que entre en vigor en enero del próximo año. Para ello, ha presentado a empresarios y sindicatos un documento donde se recogen las líneas básicas de tal reforma, a fin de que puedan presentar las objeciones o propuestas que estimen pertinentes.
Toda la reforma va a girar en torno al denominado 'compromiso de actividad' por el cual el desempleado se compromete a aceptar un 'trabajo adecuado'. Pero ¿qué se entiende por 'trabajo adecuado'? Según el texto de la propuesta es aquel acorde con la profesión del trabajador o con sus aptitudes físicas y formativas, que tenga un salario conforme con el existente en el sector y que se halle situado en un radio inferior a 50 kilómetros del lugar de residencia, de forma que no se superen las tres horas en total de desplazamiento y sin que tal desplazamiento pueda, además, conllevar un gasto superior al 20% del salario neto mensual. No obstante, se podría considerar adecuado un trabajo que implicara cambio de residencia si existiese un alojamiento apropiado. El rechazo por el trabajador de aquellos trabajos que cumplan los requisitos mencionados va a poder ser objeto de sanción. Hasta ahora, rechazar un trabajo aceptable podía conllevar la pérdida del derecho a la prestación, pero correspondía al trabajador decidir si la oferta que se le presentaba era o no conforme a su cualificación profesional. Con la reforma se pretende atribuir al Inem la facultad de determinar si un trabajo es o no adecuado, de forma que el rechazo reiterado de varias ofertas que se estimen válidas pueda ser sancionado con la reducción o con la pérdida de la prestación.
Además, se incluyen en el documento otras reformas adicionales, como la del subsidio agrario, o la posible desaparición de los salarios de tramitación, esta última la que más polémica ha causado, al acusar los sindicatos al Gobierno de pretender abaratar el despido.
El Gobierno insiste en que la reforma de las prestaciones no pretende el recorte de las mismas, y está dispuesto a sentarse a negociar, pero afirma intención de llevar adelante la reforma 'con o sin consenso'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002