El artículo único de la Ley 11/1998 del Parlamento vasco, que determina la participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, recoge que 'los propietarios de suelo urbano deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico lucrativo del ámbito correspondiente libre de cargas de urbanización'. En el supuesto de obras de rehabilitación, sigue la norma, se entregará la misma tasa impositiva de las plusvalías obtenidas sobre el anteriormente edificado.
El letrado de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya José Miguel Alonso Sanz manifiesta que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara nula esta norma es 'correcta', porque la ley 'vulnera la legislación estatal y escapa de las competencias que marca el Estatuto de Autonomía'. 'Ahora, los tribunales van a optar por seguir el mandamiento del Constitucional, lo que supone la devolución a los promotores urbanos de todas las cantidades tributadas que están recurridas en los juzgados. En adelante, la sentencia les eximirá del pago gratuito a los ayuntamientos del aprovechamiento urbanístico y, en consecuencia, les generará unos beneficios mayores a los propietarios' de los solares.
Del análisis de la sentencia, Alonso Sanz deduce que su aplicación 'no va a tener efectos retroactivos', es decir, sólo afectará a los 'actos administrativos vivos', aquéllos que no tienen sentencia firme. 'Esto es nadar y guardar la ropa, porque la revisión de todos los casos supondría un cataclismo económico para las haciendas locales. Remontarse a 1998 -fecha en la que fue aprobada la Ley de Suelo vasca- sería la ruina para los ayuntamientos, porque son muchos años de aplicación de la normativa vasca'.
La inconstitucionalidad de la normativa vasca exigirá una revisión o reforma de la Ley de Suelo vasca, prevista para finales de este año, como ha anunciado el viceconsejero de Vivienda, José Javier Deán. 'Desde el Departamento de Vivienda haremos todo lo posible para que el efecto de esta sentencia sea el menor posible, y, en todo caso, estudiaremos la posibilidad de realizar una adaptación legislativa inmediata', afirma Deán. El Ejecutivo vasco no descarta 'realizar una adaptación legislativa inmediata' para corregir el efecto de la sentencia del TC.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002