Los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP, más el presidente, Francisco Hernando Santiago, y el vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena, formaron ayer la mayoría que acordó la reincorporación inmediata en la carrera judicial, con efectos económicos desde ayer, de Javier Gómez de Liaño, condenado por dictar resoluciones injustas a sabiendas e indultado por el Gobierno. Según la mayoría, los antecedentes penales no cancelados no impiden a Liaño ejercer como juez, mientras la minoría progresista -9 votos- estima que el acuerdo invade competencias del Supremo.
MÁS INFORMACIÓN
El acuerdo adoptado por el CGPJ es fruto de más de seis horas de debate, durante el cual se produjeron tres votaciones. La resolución final, aprobada por 12 votos a 9, acuerda dar de alta a Gómez de Liaño en el escalafón judicial con efectos del 8 de mayo de 2002 y le impone la obligación de solicitar destino en el primer concurso de traslados de magistrados que se convoque. Se le concederá la plaza que corresponda por criterios de antigüedad, y no le corresponderá cobrar ningún atraso de los emolumentos dejados de percibir por la condena, ya que el acuerdo tiene efectos de ayer mismo y no anteriores. Asimismo, Gómez de Liaño estará limitado para volver a la carrera judicial por los requisitos que estableció el decreto de indulto, que le prohíbe pedir plaza en la Audiencia Nacional por un periodo de 25 años.
El portavoz del Consejo, Enrique López, señaló que el hecho de que Gómez de Liaño -condenado en octubre de 1999 a 15 años de inhabilitación por prevaricación- no haya cancelado sus antecedentes penales (lo hará en 2005) no es obstáculo para que vuelva a ejercer, ya que el indulto que le concedió el Gobierno el 1 de diciembre de 2000 precisaba que suponía su reintegro en la judicatura, y la reforma legal aprobada en 1994 siendo ministro de Justicia el socialista Juan Alberto Belloch lo permite.
Voto particular
Votaron en contra de este acuerdo los 8 vocales designados a iniciativa de PSOE e IU, y el independiente Agustín Azpárren. Esta minoría considera que Liaño no podía reintegrarse hasta que cancelase sus antecedentes penales. Estos vocales expondrán sus argumentos en un voto particular.
José Antonio Alonso, integrante de esta minoría progresista, sostuvo que la posición institucional y legal del CGPJ le impedía tomar este acuerdo, ya que "la competencia exclusiva para aplicar el indulto corresponde a la Sala Penal del Supremo, mientras el CGPJ no tiene otra competencia que la puramente burocrática y automática de anotar lo que el órgano competente para la ejecución del indulto, el Supremo, diga". Alonso acusó a la mayoría de "cancelar de hecho los antecedente penales de Gómez de Liaño [al reintegrar al ex juez a la carrera], que el Gobierno no pudo eliminar".
Sin embargo, la mayoría conservadora defendió que para ejecutar el indulto de Liaño era adecuado reintegrarle en la carrera judicial, pues así lo establecía el decreto del Gobierno. El portavoz del CGPJ, Enrique López, propuesto por el PP, aseguró que la sentencia del Tribunal de Conflictos "es clara" respecto a la competencia del CGPJ para reintegrar a Gómez de Liaño en la carrera judicial.
Luis Aguiar, propuesto por el PSOE, consideró muy grave que este Consejo, que tiene como razón de ser garantizar la independencia del Poder Judicial, en la primera ocasión que tiene de intervenir en un conflicto entre el Supremo y el Ejecutivo, realice la interpretación más favorable a la tesis del Gobierno.
Durante el largo debate del CGPJ, la minoría progresista planteó que la Sala Penal del Supremo, una vez dictada la sentencia del Tribunal de Conflictos, volviese a pronunciarse ahora, a la vista de la sentencia de dicho órgano, sobre la definitiva aplicación del indulto, a fin de que el CGPJ se encontrase legitimado para acometer la ejecución administrativa de la gracia concedida por el Gobierno. La propuesta de recabar el pronunciamiento del Supremo fue desestimada por 11 votos en contra (el presidente, Francisco José Hernando, y los 10 vocales propuestos por el PP), frente a nueve votos a favor (los propuestos por el PSOE, IU y el de consenso PP-PSOE) y una abstención (López Tena, CiU).
El portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero, declaró que el reintegro de Liaño es una "bofetada al Estado de derecho" y supone un "pago de favores del Gobierno".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de mayo de 2002