El lehendakari, Juan José Ibarretxe, calificó ayer de "política con minúsculas" la del presidente del Gobierno, José María Aznar, quien ayer firmó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la polémica Ley vasca de Presupuestos para 2002, y le acusó de alejar a Euskadi de España gracias a su talante "autoritario y poco dialogante". Los vicepresidentes Rodrigo Rato y Mariano Rajoy replicaron que el recurso es "por motivos jurídicos", porque la ley vasca "se aprobó por partes, lo que es ilegal y jurídicamente absurdo". "El Gobierno tiene que velar porque se cumpla la ley", añadieron.
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Ibarretxe hizo una interpretación política del recurso interpuesto ayer por José María Aznar. En una jornada de presentación de la Corporación Tecnológica Tecnalia, advirtió de que "Euskadi jamás formará parte de un proyecto común con el Estado español si no se nos respeta".
En ese contexto criticó los permanentes intentos de poner "palos en las ruedas" con una intención muy clara: "Crispar el ambiente en términos políticos para tratar de desestabilizar el país". Tras explicar que ya se ha ejecutado el 50% del Presupuesto para 2002 y está comprometido más del 90%, Ibarretxe indicó que todo esto sucede porque "desde Madrid se aguanta muy mal el proceso de progreso que tenemos en este país".
Sin embargo, el Gobierno central ha tratado de quitar mordiente política a su decisión de recurrir. Los vicepresidentes Rodrigo Rato y Mariano Rajoy aseguraron ayer que el recurso es exclusivamente por "motivos jurídicos" y como muestra de "buena voluntad" recordaron que el Ejecutivo no ha planteado, con el recurso, la suspensión de la Ley de Presupuestos "para evitar cualquier situación de vacío legal".
El Gobierno central considera, según reza en su recurso, que los Presupuestos del País Vasco para el año 2002 vulneran varios principios constitucionales al no incluir la totalidad de los ingresos y gastos de la Administración vasca y crear una situación "objetivamente confusa", que vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Hay que recordar que el pasado 23 de enero, el Parlamento vasco aprobó parte de los Presupuestos -aproximadamente el 70% en cuantía- al no lograr el Gobierno de Juan José Ibarretxe una mayoría parlamentaria suficiente para el texto completo. Por ello, el Gobierno vasco decidió prorrogar las partes no aprobadas -aproximadamente el 30%- y añadirles unas cantidades adicionales que se incluyeron en una ley complementaria, aprobada en marzo. Ya en aquel momento, la oposición del PP y del Partido Socialista de Euskadi (PSE) calificó de "chapuza jurídica y política" los Presupuestos. La misma calificación se hizo desde el Gobierno central. Ayer, el PSE calificó de "oportuna" la decisión del Ejecutivo central.
No obstante, fuentes nacionalistas aseguraban que "sinceramente" ya no esperaban el recurso del Gobierno central, dado el tiempo transcurrido. De hecho, se ha esperado hasta el último día de plazo, que fue ayer, 8 de mayo. El anuncio cayó como un cañonazo en el Ejecutivo vasco. Las mismas fuentes nacionalistas reconocen que la avería, de haber pedido la suspensión, habría sido enorme. Entre otras cosas habría sido "inaplicable" porque buena parte del dinero ya está gastado o comprometido.
También por ello, el Gobierno central ha evitado solicitar la suspensión de la ley. "El Gobierno ha valorado la compleja situación jurídica que para la Administración autónoma vasca se derivaría de la suspensión de la norma; en consecuencia ha renunciado a solicitar la suspensión prevista en el artículo 161,2 de la Constitución", señalaba ayer el Ministerio de Administraciones Públicas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisó que la doctrina constitucional "exige que una Ley de Presupuestos sea un estado de previsión de ingresos y gastos y ello no fue posible por la situación política de la Cámara vasca, que lo que hizo fue mutilar el proyecto de Ley de Presupuestos y aprobarse por partes lo que es jurídicamente absurdo".
Fuentes cercanas al presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, señalaron que la Cámara se personará en el procedimiento y presentará sus alegaciones en defensa de la ley aprobada en Vitoria una vez que el Tribunal Constitucional haga llegar el recurso. El letrado mayor del Parlamento vasco, Eduardo Mancisidor, no quiso efectuar valoración alguna hasta no conocer oficial y completamente los términos del recurso. Los servicios jurídicos del Parlamento vasco no llegaron a efectuar un dictamen sobre el procedimiento y la viabilidad de la ley, aunque el PP lo pidió, por la negativa de la presidencia.
Por su parte, la vicepresidencia del Gobierno vasco, de la que depende el departamento de Régimen Jurídico, no quiso entrar a detallar desde qué puntos de vista piensa apuntalar la defensa jurídica de la ley aprobada. Otras fuentes jurídicas consultadas en Euskadi aseguran que la ley aprobada por el Parlamento vasco tiene una defensa muy "complicada".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de mayo de 2002