La presidencia de Vicente Fox y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), primero de la oposición, se baten a través de la justicia imputándose la entrada de dinero ilegal en la campaña electoral del año 2000. Un juez federal ordenó la busca y captura del ex director de la estatal Petróleos de México (Pemex) Rogelio Montemayor, acusado de un desvío de más de 100 millones de dólares (unos 109 millones de euros) a favor del candidato priísta, Francisco Labastida, derrotado por Fox.
La decisión del juez José Luis Moya, que crispa más la relación entre los poderes mexicanos, parece orientada desde el Ejecutivo, pero es salutífera en una nación caracterizada por la impunidad de sus delincuentes. Se produjo un día después de que el Tribunal Federal Electoral resolviera investigar la denuncia presentada hace dos años por el PRI contra el candidato conservador Vicente Fox, por la supuesta entrada en su campaña de 300.000 dólares (cerca de 330.000 euros) de cuentas en EE UU y Bélgica. Esas transferencias están prohibidas en el Código Electoral mexicano.
El Gobierno acató la decisión del tribunal y pidió que el asunto 'sea resuelto en forma expedita para continuar trabajando en los temas relevantes de la agenda'. Los temas relevantes en México son casi todos broncos, usados como herramienta política y alejados de las verdaderas necesidades de la transición.
El actual presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, cuestionó que las órdenes de aprehensión de Montemayor hayan sido emitidas un día después de que el Tribunal Electoral instruyera la reapertura de las pesquisas por la supuesta ilegalidad de dineros de campaña de Fox. 'Nos preocupa la politización de la justicia o la intención de someter los tiempos de la justicia a los tiempos políticos', manifestó Madrazo, derrotado por Labastida en las primarias priístas de 1999, que decidieron el candidato presidencial del partido que fue régimen durante 71 años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de mayo de 2002