El comportamiento de los precios en España durante el mes de abril vuelve a dejar en evidencia que, una vez resignada la política monetaria en manos del Banco Central Europeo, el Gobierno carece de una política que pueda llamarse antiinflacionista, bien sea a través de la gestión directa sobre los precios, bien a través de la intensificación de las liberalizaciones de los mercados. El mes pasado, los precios subieron el 1,4%, de forma que la tasa interanual de inflación alcanza ya el 3,6%, cinco décimas más que en marzo. La inflación subyacente, que excluye los precios energéticos y de los alimentos frescos, está en el 3,9% e indica que la tendencia de los precios es a seguir subiendo con independencia del comportamiento de sus elementos más erráticos.
Al margen de las modificaciones estadísticas que han alterado la composición interna del IPC, la cruda verdad es que los precios en España están fuera de control, y lo estarían más si los trabajadores no mantuvieran su política de moderación salarial. Lo peor de todo es que este desbordamiento de la inflación se produce en el marco de una desaceleración de la demanda; el argumento empleado por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, de que una parte del diferencial de inflación de la economía española sería atribuible a su mayor capacidad de crecimiento se derrumba con estrépito.
No es necesario recurrir a análisis complicados para diagnosticar que la elevada inflación española se localiza en el sector servicios, beneficiado de la ausencia de competencia directa con los mercados europeos, y en los costes de distribución de las manufacturas y algunos alimentos elaborados. La cadena de formación de algunos precios -vestido y calzado-, las líneas de distribución de los aceites y grasas o el precio del tabaco, por poner tres ejemplos evidentes que resaltan en el IPC de abril, deberían ser examinados en profundidad por el Gobierno si de verdad se quiere gestionar una política antiinflacionista efectiva en lugar de buscar argumentos exculpatorios.
El IPC de abril ha empeorado considerablemente las expectativas de inflación para el conjunto del año; ya son pocos los economistas que apuestan por una tasa inferior al 3,5%. Lo que no puede calcularse es el coste que tendrá en pérdida de confianza de los inversores y de los agentes económicos cuando comprueban que las previsiones de inflación (2%) son desbordadas sistemáticamente por los precios reales no en décimas, sino, por el momento, en más de un punto y medio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de mayo de 2002