La polémica ley de Internet, LSSI, que regulará en España la actividad económica en la red pasó el pleno del Congreso con el apoyo de PP y CiU. Se oponen al proyecto PSOE e IU. El tema más polémico, que una autoridad administrativa puede cerrar un sitio, ha sido matizado en el último redactado con el añadido de un párrafo similar en dos artículos que dice: 'En los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas'.
Este redactado no excluye la competencia de la Administración para cerrar sitios (por ejemplo, uno que venda fármacos ilegales), pero obliga a acudir al juez en supuestos de libertad de expresión.
La Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) apoyan el texto, con reservas. La AUI lamenta que no regule los juegos de azar en red y la AI critica que no se rebajen las multas (se han suprimido los mínimos, pero no los máximos), que considera excesivas. Ambas ven positivo de la ley que se exima al proveedor de contenidos de responsabilidad por las webs que alberga salvo que se resista a retirar una página declarada ilícita.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de mayo de 2002